El segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza que enfrentan la suspendida defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore, y el ex director general del MDP, el político liberal efrainista Germán "Yiyo" Fatecha, está congelado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a raíz de la inhibición de los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco. La CSJ solo tiene que resolver la competencia de un camarista.
Fatecha y Yore están procesados por la sobrefacturación en la construcción de obras que eran sedes de las filiales del Ministerio de la Defensa Pública, donde el Ministerio Público estima que existe un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979.
El caso de Yore está sin ministro que integre la Sala Penal desde el 21 de diciembre del 2017. Ahora el expediente será remitido a los integrantes de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña, quienes tienen que analizar si corresponde integrar la Sala Penal para estudiar la impugnación planteada por el camarista Agustín Lovera Cañete contra la inhibición de su colega Bibiana Benítez.
El Tribunal de Apelación deberá resolver varios incidentes que presentó la abogada Paola Villalba, que ejerce la defensa del liberal Fatecha, quien con chicanas logró paralizar el proceso penal.
Además de Yore y Fatecha, también están imputados Carlos Francisco Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Vicente José Giardina Barreto, Hugo Manuel Benítez González, Néstor Daniel Villalba Mendoza. La lista sigue con Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca, Teófilo Espínola Peralta y Rodrigo Manuel Rotela Núñez.
El juez penal de Garantías Paublino Escobar es quien tiene a su cargo el proceso penal de Yore, Fatecha y otros. Hasta el momento aún no se pudo realizar la audiencia de imposición de medidas a raíz de las chicanas que se presentaron.
Noyme Yore deberá enfrentar un juicio oral y público por el delito de usurpación de funciones públicas por haber designado a abogados como defensores públicos.