Durante la feria judicial, más de 200 docentes jubi­lados recurrieron a través de 25 acciones de inconstitu­cionalidad a la Sala Consti­tucional de la Corte Suprema de Justicia para actualizar sus haberes jubilatorios. Atacan de inconstitucio­nal los artículos 2, 8 y 18 de la Ley Nº 2.345/2003 y el artículo 6 del Decreto Nº 1.579/2004 que trata sobre los derechos labora­les de funcionarios públi­cos y docentes jubilados.

Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña deberán analizar el plan­teamiento.

En el 2004, los abogados Silverio Morel y Miguelán­gel Ayala, en representación de los jubilados, plantearon la acción y la Sala Consti­tucional de la máxima ins­tancia judicial benefició a más de 2.500 funcionarios con la actualización de sus haberes.

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Parte del argumento es que la Carta Magna ordena que la ley garantice la actuali­zación de los haberes jubi­latorios en igualdad de trata­miento con los funcionarios en actividad.

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