Por pedido del fiscal interino Luis Piñá­nez, ayer el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, hizo lugar al sobresei­miento provisional para el ex ministro del Interior, Fran­cisco de Vargas, y de la Senad, Luis Rojas, quienes fueron imputados por la compra de equipos de escucha telefónica para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que oca­sionó un supuesto perjuicio de G. 9.406 millones, según la imputación fiscal.

Con la determinación adop­tada por el magistrado Otazú, el Ministerio Público tendrá un año más para seguir colec­tando pruebas contra los dos ex ministros para luego pedir la reapertura de la causa y solicitar su requerimiento conclusivo, que puede ser una acusación y pedido de juicio oral o en su defecto el sobre­seimiento definitivo.

"Esto yo lo vi desde el princi­pio con un carácter más polí­tico que jurídico", indicó De Vargas. Agregó que "cómo se puede determinar un perjui­cio patrimonial si ni siquiera se sabe si los equipos funcio­nan", expreso el ex secreta­rio del Ministerio del Interior.

El proceso penal abierto contra De Vargas y Rojas tiene que ver con la compra supuestamente irregular de dos equipos de escucha tele­fónica para la Senad. Según la imputación del fiscal Mar­tín Cabrera, quien está recu­sado en la presente causa en el 2012, De Vargas, siendo titu­lar de la Senad pagó G. 9.406 millones por el denominado "sistema de rastreo sensitivo móvil", operación que para la Fiscalía fue innecesaria, ya que el equipo ni se habría uti­lizado.

La segunda compra del lla­mado equipo táctico de comu­nicación fue realizada por el entonces ministro Luis Rojas y por él pagó G. 1.250 millo­nes.

Para ambas operaciones se recurrió a la firma Televox SRL, creada solamente para consumar estas transaccio­nes con la Senad, de acuerdo a la imputación. El Ministe­rio de Hacienda y la Dirección de Aduanas informaron que Televox solamente realizó las dos operaciones y luego ya no reportó movimiento.