Debido a los numero­sos incidentes que se presentaron durante el desarrollo de la audiencia preliminar realizada por más de tres días, la jueza penal de Garantía Rosarito Monta­nía recién el lunes resolverá si eleva o no a juicio oral y público el proceso penal que soporta el ex ministro de la Niñez y la Adolescencia, José Orué Rolandi, y la proveedora del Estado, Nancy Godoy, acu­sados por haber causado un perjuicio al Estado de aproxi­madamente G. 6.600 millo­nes en la compra de alimentos para niños.

La magistrada analizará todos los planteamientos hechos por cada una de las defensas de los dos acusados para luego tomar una deter­minación, lo cual puede ser que el proceso se eleve a juicio oral o de lo contrario se haga lugar al sobreseimiento soli­citado por las defensas.

El fiscal del caso, Leonardo Guerrero, se ratificó en todos los puntos de la acusa­ción fiscal y pidió que el caso se discuta en un juicio oral y público. El representante del Ministerio Público sos­tiene que existe gran canti­dad de pruebas para demos­trar la responsabilidad de los dos acusados en un juicio oral.

Los abogados defensores habían solicitado el sobre­seimiento definitivo porque no se cometió ningún delito. Álvaro Arias, representante legal de Godoy, había plan­teado a la Procuraduría Gene­ral de la República resarcir el daño ocasionado por su repre­sentada, pero la mencionada institución se negó a la pro­puesta hecha por la acusada.

ACUSACIÓN

Para la Fiscalía, el ex minis­tro Orué Rolandi incurrió en irregularidades al autorizar y dar pie a todo el proceso lici­tatorio "sin contar con los cálculos de proyecciones para estimar la cantidad de benefi­ciarios para poder establecer la cantidad de productos a ser adquiridos, lo que habría oca­sionado que no puedan cum­plirse los objetivos de los programas que fueron pre­supuestados por el Ministe­rio de Hacienda".

Godoy es la representante de la empresa Granos y Aceites, adju­dicada en el 2012 por la SNNA para la compra de alimentos destinados a niños y adolescen­tes en situación de calle, den­tro del marco de los programas estatales Abrazo y Painac.

La firma debía cubrir el desa­yuno, almuerzo y merienda de 54 centros comunitarios y de protección durante un año, específicamente el 2013.