La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, investiga la actuación de varios jueces de Garantía y de Sentencia de todo el país por presuntamente haber favorecido en el trámite penal a procesados por narcotráfico.
Esta Dirección actualmente está auditando 17 expedientes judiciales relacionados a imputados por tráfico de droga. En muchos casos la investigación abierta por la Corte fue a raíz de publicaciones periodísticas, mientras que otros se iniciaron de oficio.
El abogado Mario Elizeche es el encargado de la oficina de Auditoría. Una vez terminado el relevamiento de datos, se elabora un informe que es entregado a los 9 ministros de la Corte, quienes analizan si envían el resultado de la auditoría al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en caso de comprobarse irregularidad en la actuación del juez.
EXPEDIENTES AUDITADOS
Entre los casos penales analizados se encuentra el del juez de Garantía de Capitán Bado, Leongino Benítez, quien el 2 de setiembre resolvió otorgar la libertad a Felipe Barón Escurra, procesado por narcotráfico, asociación criminal y reducción. Esta investigación se inició a raíz de publicaciones periodísticas.
El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora es investigado en el expediente caratulado "Ignacia Cesarina Bogado, Rodrigo Arias, Alexis González y Mauro Salgado sobre tenencia y comercialización de sustancia estupefaciente". También es indagado el juez penal de Garantía Nº1 de Fernando de la Mora por haber otorgado medidas alternativas a la prisión en el expediente caratulado "Jorge Pesoa, Néstor Mendoza, Noelia Rodríguez Vergara sobre tenencia sin autorización de estupefaciente".
La Corte también dispuso la auditoría al Tribunal de Sentencia de Alto Paraná, integrado por Carmen Barrios, Haydée Barboza y Mónica Rivas, quienes blanquearon a dos peruanos acusados por narcotráfico. Las citadas magistradas están suspendidas en sus funciones.