Los directivos de la firma Monital (Protek), José Joaquín Castillo y Luis Fretes, fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión luego de que el juez penal de garantías Rubén Riquelme hiciera lugar al cambio de calificación de crimen a delito, solicitado por la fiscala Claudia Penayo.

El juez impuso una fianza real hasta cubrir G. 1.500 millones, en el caso de Fretes, y G. 1.200 millones para Castillo. Además ordenó el embargo preventivo de ambos inmuebles. Ambos tienen la obligación de presentarse una vez al mes ante el juzgado para la firma del libro de control de comparencia, no pueden salir del país ni cambiar de domicilio. También deben permanecer en sus domicilios de 20:00 a 6:00 todos los días.

Inicialmente, estas personas fueron imputadas por la fiscala María Teresa Ruiz Díaz por el artículo 94, inciso d, de la Ley de Armas, cuya expectativa de pena va de 5 a 10 años, es decir, crimen. Ayer la fiscala Penayo solicitó el cambio por el inciso a) de ese mismo artículo, cuya expectativa de pena se reduce de 6 meses a 5 años.