El fiscal Francisco Torres acusó por uso de certificado de salud de contenido falso y pidió juicio oral para el actual candidato a senador Nº 1 para las internas liberales, Enri­que Salyn Buzarquis. Mien­tras que para el doctor Her­nán Codas Jacquet, urólogo, el Ministerio Público solicitó la salida procesal de criterio de oportunidad.

La acusación fiscal señala que "el 11 de junio del 2017, el doctor Hernán Jacquet expidió un certificado de salud en el que dejó constan­cia que el acusado Enrique Salyn Buzarquis fue visto en consulta de urgencia el día de la fecha mencionada más arriba, por lo que deberá guardar reposo domiciliario por razones de salud, para su mejor tratamiento y recupe­ración hasta el 14 de junio".

Agrega que "los abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero presenta­ron un certificado de reposo médico firmado por el doc­tor Codas Jacquet, urólogo, como justificativo para sus­pender la audiencia prelimi­nar prevista ese día, dentro del proceso que enfrenta el ex diputado por lesión de con­fianza y usurpación de fun­ciones públicas ante la jueza María Gricelda Caballero".

El Ministerio Público pudo corroborar que Buzarquis no estaba en el país mediante un informe de la Dirección de Migraciones, quien respondió que el ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Federico Franco salió del país el 10 de junio de este año. Es decir, el político libe­ral efrainista no consultó el 11 de junio como indica el reposo médico, sino que se encon­traba en Uruguay, acompa­ñando a cuatro correligiona­rios que solicitaron refugio político en suelo charrua. El propio Buzarquis lo publicó a través de sus redes sociales.

El juez penal de Garantías Paublino Escobar convocó a Buzarquis y al doctor Codas Jacquet para la audiencia preliminar el próximo 22 de noviembre, a las 9:30. En la citada diligencia judicial se conocerá si el liberal enfren­tará un juicio oral y público.

Buzarquis soporta otro pro­ceso penal por lesión de con­fianza por haber pagado US$ 600.000 a una empresa para estudios de suelo en el Chaco y Ñeembucú, que no se realiza­ron. Este caso se tramita ante la jueza María Griselda Caballero.