La abogada Rosa Martínez de Vacchetta apeló la condena de dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la pena impuesta a Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, por recolectar pilas en desuso.

La abogada no pidió la anulación de la sentencia, pues esto implicaría la realización de un nuevo juicio, sino la revocación del fallo para lograr la absolución de su cliente, informó el portal Judiciales.net.

La resolución impugnada fue dictada por el Tribunal de Sentencia integrado con los jueces Arnaldo Fleitas, Víctor Medina y Elsa García, el pasado 20 de octubre.

La defensora afirma que quedó probado en juicio que ni el municipio de Asunción ni el de Lambaré cuenta con esos lugares específicos de acopio de los residuos.

Martínez aseguró que la normativa que establece el tratamiento de este tipo de desechos se promulgó recién el 18 de setiembre de este año, refiriéndose a la Ley 5882/17 “De gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico”.

A partir de la promulgación la SEAM tiene 180 días para reglamentar la norma. Afirmó que desde la Secretaría del Ambiente (SEAM) aclararon recién el pasado 25 de octubre quiénes los responsables de recolectar este tipo de residuos son los municipios.

“Le culpan a un individuo de la carencia estructural del Estado paraguayo, pues Rubén Figueredo tiene el derecho, pero no el deber de precautelar el ambiente”, aseguró Martínez.

Figueredo fue condenado por un supuesto procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de las leyes de mitigación ambiental. Los jueces consideraron que el hombre que juntó durante casi 20 años más de 140 toneladas de residuos nocivos.