El ex ministro del Inte­rior, Rafael Filizzola, quien debe enfrentar un juicio oral y público por la "tragada" de G. 47.890 millo­nes en la compra de helicóp­teros para la Policía Nacional, sigue gozando de absoluta impunidad con la compli­cidad de algunos ministros de la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ). Llama la aten­ción el poco interés de los integrantes de la máxima instancia judicial para des­trabar el caso que involucra al ex hombre fuerte de Fer­nando Lugo.

En diciembre del 2016, el ex ministro del Interior recusó a tres secretarios de las salas de la CSJ; abogados Julio César Pavón, de la Sala Constitu­cional; Karina Penoni, de la Sala Penal; Pierina Ozuna, de la Sala Civil, que aún sigue pendiente de resolu­ción. Solo el ministro liberal Miguel Óscar Bajac integra la Corte para estudiar las recu­saciones de los secretarios, ya que también están recu­sados en la causa los minis­tros Raúl Torres Kirmser y Miryan Peña.

Además del estudio de las recusaciones contra los secre­tarios de la CSJ, sigue pen­diente la acción de inconsti­tucionalidad planteada por el ex ministro Filizzola con­tra la resolución de segunda instancia, que confirmó que debe enfrentar un juicio oral y público.

Los integrantes del máximo tribunal deben tomar cartas en el caso y acelerar este pro­ceso por corrupción en detri­mento del Estado paraguayo. Una vez que se destrabe el caso, el ex ministro deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El 2 de diciembre del 2010, durante la administración Filizzola en el Ministerio del Interior, se pagó a la firma Proibérica SA la suma de G. 20.713.243.257.

El 14 de marzo del año siguiente se realizó otro desembolso por G. 6.794.189.185; el 12 de octubre del 2011, ya durante la administración de Car­los Filizzola, se pagó G. 20.382.567.558, con lo que se canceló la operación.