Según se desprende del mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, el gobierno de Mario Abdo Benítez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), ya tenía todas las coordenadas de la ruta narco del uruguayo Sebastián Marset en 2020. El trabajo de campo de SIU confirmó alertas proporcionadas por Arai I y II, elaboradas por agentes que hacían inteligencia en puertos y fueron retirados apenas reportaron alarmas. Videos, fotografías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura estaba identificada en 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y, por ende, los operativos de desmantelamiento de la organización Marset.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Las imágenes bien referenciadas que obran en el análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, se constituyen en más elementos sobre la complicidad y/o negligencia del gobierno de Mario Abdo Benítez que, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), tenía todas las coordenadas de la ruta narco del uruguayo hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.
La actitud del gobierno Abdo de desentenderse de la logística narco que se iba desarrollando se equipara a las mismísimas acciones criminales llevadas adelante por la organización Marset y sus aliados.
No hay que olvidar que la Senad en tiempos del ministro Arnaldo Giuzzio ya contaba con informaciones precisas de la radicación de la organización criminal Marset en Paraguay, que fueron proveídas por la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) en el operativo Arai I y II y fueron reveladoras para los análisis de SIU del operativo A Ultranza Py.
DIAFT puntualizó la alerta de bloques criminales en puertos, la ruta de la cocaína con el esquema Marset. La unidad de investigación identificó a los miembros de la estructura del uruguayo, sus aliados, ubicó las pistas, las estancias y centros de acopio, el tránsito interno de la droga, pero llamativamente fue cerrada y retirada de los puertos por Giuzzio.
La sucesora de Giuzzio en la Senad, Zully Rolón, continuó con la liberación de controles en los puertos y 2020 definitivamente fue el inicio de la prosperidad de la narcoexportación que reinó en Paraguay durante el periodo Abdo.
COORDENADAS NARCO DETECTADAS
Los datos fueron reportados por DIAFT a la Senad ya en 2018 y los análisis de SIU refieren el seguimiento de los mismos al inicio de la investigación en 2019. En 2020, el equipo de analistas de SIU tenía ubicadas las coordenadas de Marset y sus aliados narcos, pero el seguimiento de las investigaciones sufrió varias filtraciones desde la misma Senad, los trabajos se fueron dilatando y recién las conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022 y sin pérdida de tiempo, el Ministerio Público, al día siguiente de recibir el informe, activó un megaoperativo con 100 allanamientos en simultáneo.
La pregunta sin respuesta es, ¿por qué la Senad tardó más de dos años en entregar los informes a la Fiscalía, cuando en 2020 habían confirmado con trabajos de campo todas las coordenadas señaladas ya desde el 2018?
En la página 73 de las 503 páginas del informe SIU remitido a la Fiscalía el 21 de febrero de 2022 muestra imágenes de reconocimiento de campo de diciembre de 2020 con reportes de pista clandestina, en una de las propiedades utilizadas para el ilícito, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, distrito de Bahía Negra.
Se puede remarcar también que, ya en 2020, tenían registrado el establecimiento San Agustín, propiedad ubicada en el departamento de Presidente Hayes, zona Villa Hayes, administrada por funcionarios testaferros del clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y que era parte de la logística en el esquema del tráfico de drogas.
En noviembre de 2020 ya tenían toda la operativa en el lugar como de otros sitios bajo fachada de actividad ganadera, pero era un centro de arribo de cocaína proveniente de Bolivia.
Tenían incluso el circuito del tránsito desde los establecimientos del Chaco hasta depósitos de acopio en el departamento Central, propiedades del clan Insfrán; sin embargo, no se activó ninguna acción desde la Senad hasta el 2022 cuando remitieron los informes a la Fiscalía.