En un acta de imputación fiscal de 16 páginas, el Ministerio Público relata paso a paso cómo en el 2020, año de pandemia, la administración del intendente destituido Miguel Prieto facilitó un esquema con la modalidad de ollas populares para librar pagos por servicios con serios indicios de no haberse realizado.

La reciente imputación fiscal por supuestos delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa contra el intendente destituido de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y grupo de leales, confirma a la luz otra modalidad en el esquema de desvió de fon­dos municipales en su admi­nistración, consistente en transferencias de subsidios para ollas populares durante la pandemia.

Las pesquisas del Ministe­rio Público dieron lugar a la tercera imputación con­tra Prieto en el marco de 50 denuncias que arrastra por presuntos casos de corrup­ción. Según el documento, dos estructuras que involu­cran a una pareja junto con miembros de sus respecti­vas familias fue legalizada mediante resoluciones fir­madas por el exjefe comunal que sirvieron para trámi­tes administrativos acele­rados en la extracción de los recursos municipales por parte de sus leales. (ver infografía).

El Ministerio Público recabó documentaciones y testimo­nios que sostienen fuertes sospechas que, en el 2020, “la administración municipal a cargo de Miguel Prieto Valle­jos habría desembolsado sumas de dinero correspon­dientes a los fondos de Apor­tes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro en concepto de pagos por servicios que no habrían sido realizados en la realidad y de esa manera habría cau­sado un perjuicio patrimo­nial total de G. 311.580.000”.