Miguel Prieto y la prensa aliada intentan instalar que la intervención se disfrazó de persecución y la filtración de audios lo corrobora. Sin embargo, los audios no comprometen el trabajo de Ramón Ramírez y el intendente no aclara las 12 causales corroboradas.
Un informe conclusivo de 212 páginas remitido días atrás al Congreso confirma de manera documentada cada uno de las causales de la intervención que había solicitado la Contraloría General de la República (CGR), ante los serios indicios de perjuicio patrimonial en la administración del opositor Miguel Prieto (Yo Creo).
Los documentos verificados y cruzados entre varias fuentes públicas revelan irregularidades cometidas con el dinero de los contribuyentes esteños como por fondos transferidos por parte del Estado, en este caso royaltíes y Fonacide.
De entrada, el documento evidencia que del análisis del patrimonio neto de la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2022 revela un patrón de inestabilidad, falta de fiabilidad y graves deficiencias en el control interno. Este periodo inició con una caída importante del patrimonio neto en 2020, como consecuencia de la cancelación de activos y el castigo de saldos de pagos realizados por más de G. 40 mil millones, resultante de una deficiencia en la contabilidad de años anteriores.
Un verdadero festín en el entorno de la intervenida administración de Prieto con el desvío de fondos mediante transferencias a oenegés (comisiones vecinales) señalan –paso a paso–, como por ejemplo en 2020 se repartieron más de G. 3.000 millones, sin rastros visibles de que la inversión haya favorecido a los vecinos. Burlaron normativas de Contrataciones Públicas usando a los vecinos que ni siquiera administraron los millonarios fondos que fueron al bolsillo de los amigos del exintendente antes de que se adjudicaran los contratos.
Un esquema en el que utilizaron kioskos, tiendas de frazadas, etc., de operadores, amigos y familiares de la expareja de Prieto vulneró controles y requisitos indispensables para el buen uso del dinero público.
El primer caso sonado fue el de Tía Chela, una despensita que se adjudicó G. 2.949 millones para proveer miles de kilos de mercaderías que no tenía stock y el Ministerio Público confirmó un perjuicio que orilla los G. 1.800 millones. Este sistema se aplicó de manera reiterada, según confirmó el interventor Ramón Ramírez.
La administración Prieto normalizó maniobras en la adjudicación de contratos “que se extienden desde los aspectos atinentes a la planificación del llamado, la evaluación, la adjudicación e incluso a la ejecución contractual, en particular a la recepción de bienes. En consecuencia, la intervención ha comprobado la causal determinada por la Contraloría General de la República en el requerimiento de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este”, refiere el documento.
Además del desvío de fondos al bolsillo del entorno del intendente aparecieron cobros de impuestos inmobiliarios que no llegaron a las arcas de la Municipalidad y comprometen la gestión de Meribeb Alfonzo Vallejo, prima de Prieto a quien este ubicó en la institución por su “honestidad y confianza”.
CONSEJO DE SALUD
“Se constató que la Municipalidad de Ciudad del Este transfirió un total de G. 10.515 millones destinados a inversión física, mantenimiento, reparaciones, adquisición de
medicamentos e insumos en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De dicho monto, G. 5.984 millones se encuentran únicamente respaldados por facturas en concepto de pagos por obras y refacciones que fueron contratadas y ejecutadas en contravención a lo establecido en la Ley N.º 2051/2003 y la Ley N.º 1533/2000”. Lo más delicado de este tema es que el equipo interventor identificó irregularidades que guardan relación con la inexistencia de documentos que respalden la ejecución y recepción final de las obras a cargo del Consejo de Salud que había sido administrado por el ahora diputado Walter García, del equipo de Miguel Prieto.
Además, otra hecho anómalo es el voraz consumo de combustibles, que se procedía a hacerlo con facturas que consignan suministros de hasta 87 litros para un recorrido de 50 km, suministros a otras instituciones y empleados que no son de la Municipalidad sin convenios que justifiquen estos bonos, entre otros.
Puentes a precios de oro adjudicados por urgencia, pero solo a los efectos de derogación, ya que se encuentran con meses de atraso en la entrega, la repartija discrecional de subsidios destinados a la población más vulnerable a funcionarios de la Municipalidad con millonarios sueldos, y un rosario de irregularidades confirmadas por los auditores dejaron fuera del cargo a Miguel Prieto, el intendente más cuestionado por casos de corrupción del país.