Aparecen más políticos y operadores que en plena campaña electoral facturaron por dudosos servicios en cursos de capacitación financiados por el Ministerio del Trabajo mediante millonario convenio con la ONG Fundatec de la que forma parte Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del crítico senador Eduardo Nakayama.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El senador Eduardo Nakayama realiza discursos populis­tas cuestionando el festín y los privilegios en la fun­ción pública; sin embargo, su funcionaria de confianza y excandidata a diputada de su equipo político, Celsa Rodríguez Arévalo, se ve salpicada en el esquema de repartija del dinero público a clanes familiares y polí­ticos a través de oenegés. La mujer forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec) que recibió transferencias por G. 1.822 millones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social para cursos de capacitación laboral entre el 2022 y 2023, que se con­virtieron en un gran festín para clan familiar del pre­sidente de la organización y operadores políticos.

Fundatec, donde la ase­sora de Nakayama ejerce como secretaria del Con­sejo Directivo, sigue el esquema que sacudió en escándalo hace unos meses al clan Carrizosa-Alcaraz al descubrirse que a través del Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD), la hija, la pareja, la cuñada del presidente de la ONG, Agustín Carrizosa; así también el hijo del coor­dinador anticorrupción, Francisco Alcaraz, cobra­ban jornales y honorarios en el marco de los millonarios convenios con el Ministerio de Trabajo y sus reparticio­nes como el Sistema Nacio­nal de Formación y Capaci­tación Laboral (Sinafocal) y el Sistema Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP).

Los hijos del presidente de Fundatec, Enrique Lorenzo Caballero Garay, de nom­bre Enrique Alberto Caba­llero García y Guillermo Nicolás Caballero García, facturaron como asistente administrativo y asistente técnico, respectivamente, con G. 3,5 millones de hono­rarios por mes en el marco de los cursos fijados ini­cialmente para el departa­mento de Alto Paraná; los comprobantes con nom­bres de diferentes empre­sas, pero una misma direc­ción, incluso la que fija la ONG del papá.

La funcionaria de Naka­yama, que firmó el conve­nio junto con el titular de la ONG y la exministra Carla Bacigalupo, desconoció los millonarios montos trans­feridos por el Ministerio de Trabajo y los sueldos con los que se alzaron los retoños, aunque sí reconoció la sus­cripción del contrato con la cartera estatal.

Una suspicaz adenda fue firmada en marzo de 2023 por la ONG y el Ministerio de Trabajo para trasladar los cursos al departamento de Paraguarí. Coincidente­mente, aquí aparecen opera­dores políticos del equipo de Miguel Cuevas y referentes del abdismo de la zona en su momento, beneficiados con jugosos contratos por servi­cio de catering.

Es así que saltan facturas emitidas por Kevin Saúl Caballero que, en tiempos que realizaba caminatas proselitistas por la candi­datura de Cristina Servín en Ybycuí, emitía factura en concepto de cancelación de honorarios por curso de operador de computadora por valor de G. 11.475.000. El papá de Kevin, don Saúl Caballero, también fue favo­recido con un contrato y figuran comprobantes emi­tidos por servicio de cate­ring de G. 15,6 millones para curso de panadería y llamativamente catering para curso corporativo de operador de computadora por G. 21,2 millones.

Fundatec también favo­reció con jugosas compras de insumos de panadería a Fredy Amado Vicezar, otro operador político de la zona, específicamente de Caa­pucú, denunciado durante la pandemia por cobro irre­gular del subsidio de los pro­gramas Pytyvõ y Ñanga­reko. En el marco del mismo convenio, entre los detalles de gastos aparecen factura­ciones como encargada de compras de María Fabiola Fleitas Rojas, candidata a diputada en capital por el Partido Unace en las últi­mas elecciones generales.