Con 40.000 cámaras, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina. Ya permitió el arresto de unos 3.000 fugitivos mediante el cotejo en tiempo real. Pero también se registraron arrestos de inocentes, confundidos con otras personas u órdenes desactualizadas.

• Por Facundo Fernández Barrio/AFP
• Fotos: AFP

En pleno centro histó­rico de San Pablo, un “prisionómetro” – contador de personas presas– marca la entrada a la cen­tral de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la mega­lópolis en pantallas.

Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconoci­miento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan aunque aún mues­tra un considerable margen de error.

Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciu­dadanos, San Pablo imple­mentó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detec­tados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judi­ciales.

“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a San Pablo sin Smart Sampa”, se feli­cita en el centro de moni­toreo el secretario munici­pal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.

A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un ins­tante consigue ver todos los momentos y lugares de San Pablo –con unos 12 millones de habitantes– en los que su cara pasó por alguna cámara.

“Me recuerda al libro ‘1984’ (sobre un régimen totalita­rio, de George Orwell), con todo ese control de perso­nas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emble­mática avenida Paulista.

Informes oficiales de trans­parencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las recono­ciera como fugitivas debie­ron ser liberadas por tratarse de errores.

Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciuda­danos. En diciembre, un jubi­lado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador.

Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrum­pieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos.

Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.

El sistema no solo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públi­cos –incluyendo centros de salud– y privados que lo admiten.

Al menos 141 personas fue­ron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívo­cos no son culpa suya sino del poder judicial.

“Nadie quedó preso por error: las personas fueron libera­das” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conser­vador Ricardo Nunes.

San Pablo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil –incluyendo asaltos violentos– ocurrieron en la ciudad.

Entre los fugitivos atrapa­dos por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipi­ficados como “otros” en datos oficiales.

Casi todos ellos correspon­den a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.

“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de aboga­dos Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG.

El Gobierno denuncia inten­tos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.

Por otro lado, los datos ofi­ciales no registran la iden­tidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores pobla­ciones negras del mundo, según Costa.

Estudios en distintos países han sugerido que el recono­cimiento facial por IA suele equivocarse más con perso­nas negras.

El Gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia.

“Smart Sampa no tiene nin­gún prejuicio, aquí no arres­tamos por color”, asegura Morando.

La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.