Son dos los presidentes de la República destituidos por el mecanismo del juicio político habilitado por nuestra Constitución Nacional; un tercero (Raúl Cubas Grau) renunció antes de que el caso llegara a la Cámara de Senadores. Estos episodios acontecieron en el periodo que llamamos democrático y que se inició en 1989, es decir, hace casi 38 años. Esta situación, aunque tenga el amparo de la legalidad, tiene una doble connotación: por un lado, demuestra que funciona el procedimiento de remoción que contempla nuestra Ley Fundamental; pero, por el otro, deja clara evidencia de la dificultad de las instituciones gubernamentales encargadas establecer mecanismos de control para que el Estado se convierta en la mejor garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos y la protección de sus derechos más esenciales en procura de una sociedad del bienestar, sin las discriminaciones que atentan contra las clases populares y los privilegios que se distribuyen desde el poder.
El largo proceso dictatorial –que tuvo como último protagonista al general Alfredo Stroessner– no ha desaparecido por completo. Claro que algunas cosas cambiaron sustancialmente: hoy ya no tenemos el escenario de la salvaje represión a los adversarios políticos, las detenciones arbitrarias, las torturas, muertes y desapariciones forzosas. Sin embargo, la tentación de la manipulación del poder, su uso discrecional y arbitrario, sigue latente en el espíritu de muchos personajes que deambulan en los cargos de representación parlamentaria o en jerarquías administrativas dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, se vulneran los dispositivos de fiscalización, se amañan licitaciones y se direccionan los depósitos de los fondos públicos, de acuerdo con el grado de amistad o conveniencias de quienes detentan el mando político y los empresarios del sector.
Cuando las instituciones se contaminan y se tornan frágiles, se abren las compuertas a la corrupción y los abusos del poder. Peor, cuando la impunidad es moneda corriente y de libre circulación. ¿Debemos asustarnos por estas interrupciones de los periodos presidenciales por el juzgamiento constitucional de los mandatarios? Al menos debería preocuparnos. Porque, como expresamos al inicio, es una clara señal de que se pueden manipular o evadir los procesos de control que aseguren que los asuntos del Estado se manejen con honestidad, transparencia y justicia social.
Venimos de una arraigada tradición en que los recursos públicos son desviados para provecho personal. En este tramo denominado democrático hemos visto cómo algunos políticos adquirieron una cuantiosa fortuna cuyo origen no pueden demostrar. La larga disputa filosófica de si las instituciones corrompen a los hombres o son los hombres los que corrompen a las instituciones podría concluir en una síntesis satisfactoria con un duro control de los actos de gobierno y un escarmiento ejemplar a quienes se apropian de los bienes del Estado, reduciendo drásticamente la impunidad que ha debilitado la confianza de la gente en sus autoridades.
Aunque, repetimos, todavía carecemos de una conciencia colectiva como factor de movilización sistemática y motor para construir una identidad común en la búsqueda de intereses y propósitos compartidos, se percibe lentamente la presencia de una juventud que, en apariencias, ya no se conforma con ser simple testigo de los hechos y apunta a asumir un rol protagónico para decidir el futuro de la República. Aunque no inmediatamente, los liderazgos rutinarios, que se mueven por inercia, tienen destino de extinción. Es, como diría la conocida expresión, “renovarse o desaparecer”.
El 2027, definitivamente, será un año de muchos espasmos políticos, donde las nuevas figuras podrían aprovechar el espacio que pretenden continuar capturando los dirigentes de repetida e improductiva presencia. El mayor desafío, obviamente, radicará en las campañas para extirpar las raíces de la corrupción y mostrar un rostro creíble frente a la sociedad. Proyectar ante la ciudadanía plataformas de gobierno consistentes, duraderas y realizables. Si las instituciones ya existen y son buenas, solo hay que hacerlas funcionar correctamente. Es cuando entra a tallar el testimonio de vida y la capacidad intelectual y de gestión de quienes tendrán la responsabilidad de administrarlas con celo y honestidad.

