Son dos los presidentes de la Repú­blica destituidos por el meca­nismo del juicio político habili­tado por nuestra Constitución Nacional; un tercero (Raúl Cubas Grau) renunció antes de que el caso llegara a la Cámara de Senadores. Estos episodios acontecieron en el periodo que llama­mos democrático y que se inició en 1989, es decir, hace casi 38 años. Esta situación, aunque tenga el amparo de la legalidad, tiene una doble connotación: por un lado, demuestra que funciona el procedimiento de remoción que contempla nuestra Ley Fundamental; pero, por el otro, deja clara evidencia de la dificultad de las institucio­nes gubernamentales encargadas esta­blecer mecanismos de control para que el Estado se convierta en la mejor garantía de la seguridad jurídica de los ciudada­nos y la protección de sus derechos más esenciales en procura de una sociedad del bienestar, sin las discriminaciones que atentan contra las clases populares y los privilegios que se distribuyen desde el poder.

El largo proceso dictatorial –que tuvo como último protagonista al general Alfredo Stroessner– no ha desapare­cido por completo. Claro que algunas cosas cambiaron sustancialmente: hoy ya no tenemos el escenario de la salvaje represión a los adversarios políticos, las detenciones arbitrarias, las tortu­ras, muertes y desapariciones forzosas. Sin embargo, la tentación de la manipu­lación del poder, su uso discrecional y arbitrario, sigue latente en el espíritu de muchos personajes que deambulan en los cargos de representación parlamen­taria o en jerarquías administrativas dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, se vulneran los dispositivos de fiscaliza­ción, se amañan licitaciones y se direc­cionan los depósitos de los fondos públi­cos, de acuerdo con el grado de amistad o conveniencias de quienes detentan el mando político y los empresarios del sector.

Cuando las instituciones se contami­nan y se tornan frágiles, se abren las compuertas a la corrupción y los abusos del poder. Peor, cuando la impunidad es moneda corriente y de libre circulación. ¿Debemos asustarnos por estas inte­rrupciones de los periodos presidencia­les por el juzgamiento constitucional de los mandatarios? Al menos debería pre­ocuparnos. Porque, como expresamos al inicio, es una clara señal de que se pue­den manipular o evadir los procesos de control que aseguren que los asuntos del Estado se manejen con honestidad, transparencia y justicia social.

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Venimos de una arraigada tradición en que los recursos públicos son desvia­dos para provecho personal. En este tramo denominado democrático hemos visto cómo algunos políticos adquirie­ron una cuantiosa fortuna cuyo origen no pueden demostrar. La larga disputa filosófica de si las instituciones corrom­pen a los hombres o son los hombres los que corrompen a las instituciones podría concluir en una síntesis satisfac­toria con un duro control de los actos de gobierno y un escarmiento ejem­plar a quienes se apropian de los bienes del Estado, reduciendo drásticamente la impunidad que ha debilitado la con­fianza de la gente en sus autoridades.

Aunque, repetimos, todavía carecemos de una conciencia colectiva como fac­tor de movilización sistemática y motor para construir una identidad común en la búsqueda de intereses y propósi­tos compartidos, se percibe lentamente la presencia de una juventud que, en apariencias, ya no se conforma con ser simple testigo de los hechos y apunta a asumir un rol protagónico para deci­dir el futuro de la República. Aunque no inmediatamente, los liderazgos rutina­rios, que se mueven por inercia, tienen destino de extinción. Es, como diría la conocida expresión, “renovarse o desa­parecer”.

El 2027, definitivamente, será un año de muchos espasmos políticos, donde las nuevas figuras podrían aprovechar el espacio que pretenden continuar captu­rando los dirigentes de repetida e impro­ductiva presencia. El mayor desafío, obviamente, radicará en las campañas para extirpar las raíces de la corrupción y mostrar un rostro creíble frente a la socie­dad. Proyectar ante la ciudadanía plata­formas de gobierno consistentes, dura­deras y realizables. Si las instituciones ya existen y son buenas, solo hay que hacer­las funcionar correctamente. Es cuando entra a tallar el testimonio de vida y la capacidad intelectual y de gestión de quie­nes tendrán la responsabilidad de admi­nistrarlas con celo y honestidad.

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