Los últimos acontecimientos que ya todos conocemos y sufrimos requieren de mucho compromiso por parte de las autoridades del Gobierno, representantes políticos y de la ciudadanía en general. Sin embargo, estos sucesos que generaron desgracia para miles de personas están queriendo ser usados por algunos oportunistas, los mismos de siem­pre en su mayoría, para perpetrar sus tan mentados cambios con el claro afán de que­darse con sensibles espacios de poder.

Lejos de aparecer con alguna propuesta que ayude a paliar la situación que sufren miles de empleados, ahorristas, etc., del cerrado banco, varios políticos aprovecharon la coyuntura para ir contra quienes no son de sus agrados.

Desde el inicio del juicio político al desti­tuido presidente de la República Santiago Peña, iban armando la lista negra de las autoridades que buscaban defenestrar.

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Para esos políticos opositores, principal­mente, así como algunos disidentes vale decirlo, la única forma de resolver es yendo por la cabeza de quienes no son santos de su devoción. Si era por ellos, el parlamento se dedicaría a la realización de un juicio polí­tico por semana como herramienta de miti­gación de los recientes acontecimientos.

Formaron fila detrás de la cabeza del Minis­terio Público. En todos los años que llevó el exfiscal que renunció hace unos días al Ministerio Público, jamás molestó la lenti­tud de procesos que afectan a un Arnaldo Giuzzio, Miguel Prieto, ni hablar de la década del proceso que lleva Rafael Filiz­zola, o los políticos que mientras fungen de justicieros y anticorrupción son sacu­didos por suspicaces hechos como la venta de una casa de Itaipú que salpica a la sena­dora Yolanda Paredes, los pedidos de con­tratos por parte del senador Salym Buzar­quis para su amigo camionero, o los audios correspondientes a un expediente fiscal por narcotráfico en los que se mencionan al senador Líder Amarilla.

No se trata de defender ni atacar al exfis­cal, es simplemente dejar en evidencia el silencio de muchos políticos sobre casos de corrupción que afectan a sus filas. De hecho, la furia puede generar especu­laciones de, si realmente buscan la efi­ciencia de las autoridades del Ministerio Público o proteger a los suyos con demos­traciones de fuerza que intimiden a quie­nes los investigan.

Los siguientes de la lista eran el Con­tralor y subcontralor por razones muy confusas, pero no tardaron en aparecer los reproches de algunos afectados con las investigaciones de ambos altos fun­cionarios a algunos exfuncionarios del gobierno Peña que hoy afrontan procesos en la Justicia. Es decir, querían sacarle del cargo a ambos funcionarios de la Con­traloría porque detectaron inconsisten­cias en unas declaraciones y en otras no. Esto se traduce en que buscaban destituir de sus funciones a dos personas por hacer su trabajo, lamentable desde todo punto de vista.

Pasaron más de 20 días y la oposición sigue ausente en las grandes decisiones del país por falta de iniciativa. No impulsaron un solo proyecto, una sola propuesta que bus­que atenuar el golpe financiero que sufrie­ron miles de usuarios, empleados, incluso entidades públicas. Siguen en la necedad, detrás del escándalo siguiendo una agenda para complacer a los medios que les blinda y les da un poco de espacio en la prensa.

Este es un momento demasiado delicado. Cualquier maniobra de la situación, más por intereses político-partidarios puede ser altamente nocivo para la recuperación económica y el resarcimiento a los perjudi­cados.

No se puede emprender una caza de brujas, más aún de manera selectiva con un obje­tivo que todas luces se mueve por intereses políticos. El Paraguay merece autoridades más conscientes y comprometidos con la realidad que afronta.

Este es un tiempo en el que hay que reflexionar en la reconstrucción del des­moronamiento financiero ocasionado por el cerrado banco. Antes que, persecuciones políticas la ciudadanía necesita proyectos, iniciativas que los ayude con la recupera­ción de sus derechos vulnerados sea en con­dición de trabajadores, clientes, etc.

Las autoridades que no comprendan la urgencia que castiga en estos momentos al país, deshonran la investidura y la con­fianza del electorado. La coyuntura exige trabajo, responsabilidad y esfuerzos que devuelvan la tranquilidad y no más turbu­lencia con sanciones sin sustento.

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