En medio del enorme impacto que dejó la caída de Ueno Bank, y que aún se torna difícil determi­nar su alcance, hay un aspecto que merece atención: pese a los cuestionamientos el sistema de justicia está haciendo su trabajo. Hay que recordar que la denuncia se reci­bió el 3 de noviembre. En apenas diez días, el Ministerio Público logró la captura e impu­tación de 33 personas, entre ellas un expresi­dente de la República y la anterior cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP)

Compelidos a actuar por una ciudadanía indignada por el latrocinio cometido, los agentes fiscales asignados realizaron una labor ciclópea y minuciosa: imputar a 33 per­sonas en diez días supone haber reunido, en tiempo récord, documentos, testimonios y registros que justifiquen cada una de esas sospechas ante un juez, que también obró de acuerdo a lo que marca la ley.

En este trabajo intenso y extendido, que se enmarcó en distintos operativos y allana­mientos que llegaron incluso, y de manera inédita, hasta la misma residencia presiden­cial Mburuvichá Roga, hay una tarea poco visible. Los allanamientos, es decir, las ins­pecciones de domicilios y oficinas autoriza­das por orden judicial, permitieron incau­tar documentos, certificados de depósito, vehículos y propiedades. Dos estancias vinculadas al grupo propietario ya fueron entregadas a la Secretaría Nacional de Admi­nistración de Bienes Incautados y Comisa­dos (Senabico), que las custodia mientras dura el proceso. Al mismo tiempo, la Fiscalía activó pedidos de cooperación internacional con Estados Unidos, Luxemburgo y Argen­tina para rastrear fondos que pudieron salir del país. En este caso, no solo por el clamor de una población indignada, sin dudas que ras­trear la ruta del dinero es, en causas finan­cieras, tan importante como identificar a los responsables. Hay que recordar que las dili­gencias -locales y extranjeras- revisten una importancia vital ya que de ello depende que el Estado pueda recuperar lo perdido o reco­brarlo parcialmente.

Con el correr de los días, y más allá de la sorpresa de algunos incrédulos, las figuras penales o hechos punibles apuntados tam­bién señalan el rumbo de la investigación. La lesión de confianza castiga a quien, con el deber de cuidar un patrimonio ajeno, lo per­judica. En el caso de la asociación criminal sanciona a quienes integran una estructura organizada para cometer delitos y es por esta razón que los agentes fiscales hayan sumado esta última figura indica que no ven hechos aislados, sino un engranaje, un esquema dise­ñado y jerarquizado para atentar contra los recursos del Estado.

El daño causado fue enorme. Millones de clientes vieron congelados sus ahorros, los fondos públicos quedaron expuestos, la confianza en instituciones que otrora eran fuente de credibilidad absoluta como el BCP, o el impacto en el comercio que tuvo –aún por determinar– sin dudas que hacen comprensi­ble la indignación de la ciudadanía que en un momento dado incluso criticaron al equipo de fiscales que trabaja día y noche para acele­rar la investigación. Sin embargo, este enojo entendible no debería volverse contra quie­nes, precisamente, están tratando de escla­recer lo ocurrido. Criticar a los fiscales por no haber actuado antes confunde los papeles: el Ministerio Público no supervisa bancos; esa tarea correspondía a la Superintenden­cia de Bancos, cuyos antiguos responsables hoy figuran entre los imputados. La Fiscalía interviene cuando hay una denuncia o indi­cios de delito.

Si bien el trabajo para reunir evidencias y convertir indicios en pruebas llevará aún su tiempo, nada de los avances hechos hasta sig­nifican que el trabajo esté concluido. Hubo palabras y discursos desde los partidos de oposición e incluso de grupos de comunica­ción que cuestionaron la actuación de los fis­cales, y la prensa debe seguir vigilando que no haya favoritismos ni excesos. La rapidez es una virtud solo si va acompañada de soli­dez: una causa mal armada se cae en el jui­cio oral, y entonces la impunidad llega por la vía técnica. Por eso es clave que las pruebas se obtengan respetando el debido proceso, y que cada imputado conserve su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Esta primera etapa investigativa y de actua­ciones muestra algo que los incrédulos para­guayos necesitaban ver: que por fin, frente a las personas con poder político y económico, las instituciones pueden funcionar y actuar conforme a la ley. Más de uno se pellizcó la piel cuando vio como el exjefe de Estado era llevado por la Policía hasta su declaración ante el Ministerio Público. Nunca antes un expresidente había llegado a esa instancia. Es por eso que la mejor forma de honrar a los ahorristas afectados es permitir que la justi­cia llegue hasta el final.