Apenas asumió el señor Pedro Alliana como nuevo presidente de la República, sostuvo la nece­sidad de reordenar los gastos y reducir las erogaciones prescindibles del Estado, lo que implica un compromiso de carácter político y ético que merece nuestra atención y deseos de éxitos. El recorte en los gastos de la Presidencia de la República será de más de 20 mil millones de guaraníes consistente en pasajes, gastos reservados, catering y mantenimiento de aeronaves y otros rubros. El presidente Alliana dijo: “La austeridad comienza por casa”.

Además, el primer mandatario solicitó for­malmente al Congreso Nacional poster­gar el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN 2027) para recortar gastos y reordenar el gasto público. Consideramos que estas decisiones contienen fundamen­tos basados en una correcta visión política, financiera y económica.

En el orden político es válida la decisión del primer mandatario en atención a que es el administrador del Estado de acuerdo a lo que dicta nuestra Constitución Nacio­nal, lo que implica el buen cuidado del dinero de las personas físicas y jurídicas que todos los meses aportan al erario en materia impositiva como resultado de sus diversas actividades.

La política, es de recordarse en el sentido expuesto, se configura no solo en la legali­dad del mandato, sino también en la legi­timidad de ejercicio de ese mandato por medio de la correcta administración de los recursos patrimoniales de otras per­sonas, lo que implica la gestión escrupu­losa de acuerdo al fiel cumplimiento de las respectivas normativas. Esto último es de vital importancia en las democracias constitucionales dado que la legalidad se obtiene ciertamente mediante el voto de la ciudadanía, pero también es necesaria la debida gestión honesta y transparente para hacer lugar a la legitimidad del gobernante durante el tiempo que ocupa su cargo.

Del mismo modo que el citado hecho político ocurre, también tenemos el factor financiero y económico. Por el lado financiero, la deci­sión del presidente Pedro Aliana de modifi­car y hacer lugar a que los gastos superfluos no sean parte del Poder Ejecutivo y de tan importante documento como lo es el Presu­puesto General de Gastos significa que está teniendo el debido deber de cuidado para que los ingresos del erario se correspondan con los ingresos. Ninguna finanza sana puede suceder sin que exista equilibrio entre lo que ingresa y se gasta porque de no ser así, se tendrán los recursos pero en el corto plazo se configurarán figuras como el descontrol del déficit fiscal como también del endeuda­miento, todo lo cual no hace más que dañar a los que a diario crean riqueza, esto es, el sector privado desde los individuos, familias y empresas. Desde el punto de vista finan­ciero, por ende, tomar en recaudo las eroga­ciones inútiles que solo alimentan a la buro­cracia en vez del bolsillo del ciudadano, hace que el Estado crezca con cada vez más recur­sos que terminan sin criterios de correspon­dencia y devolución hacia los pagadores de impuestos, situación que implica una injus­ticia y también una violación de los precep­tos constitucionales por el cual se conforma el Estado en la sociedad como organización jurídica y política.

De igual manera, cuando el presidente de la República en su carácter de administrador del Estado se decide proteger el dinero de los contribuyentes mediante gastos mesurados está diciendo que no está dispuesto a avalar la corrupción, puesto que los gastos inefi­cientes y superfluos estimulan aquel mal. En tal sentido, el efecto de esta decisión además de política y financiera como dejamos expre­sado más arriba, también conlleva una deci­sión que afecta a la misma economía del país.

Esto significa que si se procede con pruden­cia, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos pagados por otros, ocurrirá que los que crean riqueza estarán en mejo­res condiciones de mejorar sus vidas y pro­piedades, ahorrando, invirtiendo, creando empleos y oportunidades para otras per­sonas, como de hecho sabemos sólo puede ocurrir en una economía abierta y libre sin privilegios para nadie. El administrador del Estado que, de acuerdo a nuestra ley funda­mental, le corresponde al Poder Ejecutivo en la figura del presidente de la República es la autoridad encargada de dirigir, coordinar gestionar no solo los recursos, sino también las instituciones y los servicios públicos para cumplir con los fines de la ley.

De manera que las decisiones del presidente Pedro Alliana de recortar gastos superfluos para reforzar salud, educación, seguridad e infraestructura, contiene los debidos y correctos fundamentos para transitar ab initio por la senda adecuada que requiere y exige la población.