El derrumbe de ueno bank puso al Paraguay frente a una dura prueba de su democracia reciente. En pocos días, el país pasó del shock financiero provocado por la caída a una crisis política: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, el juicio político al presidente Santiago Peña; el mandata­rio presentó su renuncia en plena sesión, y el Congreso, reunido en sesión de ambas cáma­ras para estudiarla, terminó sin resolverlo.

En medio de ese torbellino, un sector de legisladores planteó una salida sensata y que está acorde con los tiempos expeditivos que reclama la gente: aceptar la renuncia, cerrar el capítulo de la sucesión y concentrar toda la energía del Estado en lo urgente. Peña había dicho que daba un paso al costado “pen­sando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social”.

Es así que la lógica se torna simple: con la transmisión de mando resuelta bajo térmi­nos de lo que manda la Constitución Nacio­nal, el vicepresidente Pedro Alliana asu­miría con plenas facultades y el Ejecutivo podría dedicarse sin distracciones a devolver la tranquilidad a casi tres millones de clien­tes del banco intervenido. Son tres millones de cuentas, no 3 millones de personas físicas.

Esto, lamentablemente no ocurrió. En la sesión bicameral, la oposición, con el apoyo de votos disidentes, inclinó la balanza en el Senado para rechazar la renuncia, y la sesión terminó cayéndose por falta de cuórum. El resultado es un país con un presidente que anunció su salida, pero que formalmente sigue en funciones, y con un juicio político en marcha: el Senado escuchó el libelo acusato­rio y resolvió citar a Peña, quien aseguró que se presentará a ejercer su defensa.

Los argumentos de quienes empujaron ese desenlace no son menores. Sostienen que aceptar la renuncia podría dejar al exman­datario a resguardo de una sanción política y de los privilegios del cargo. Es una preocu­pación atendible. Pero el castigo a quienes vaciaron un banco no depende de una vota­ción en el Congreso: depende de la Justi­cia, en este caso del Ministerio Público y de los tribunales. El temor de los legisladores de la oposición que –como siempre– dicen actuar en nombre del pueblo es insosteni­ble. Y la muestra es el actuar de la Fiscalía y de los jueces que actuaron procesando e imputando a los responsables de este vacia­miento. En el frente judicial ya hay 27 per­sonas que fueron imputadas, el Ministe­rio Público pidió prisión preventiva para el fundador de la entidad y la Justicia ordenó embargos por 70 millones de dólares sobre bienes de la cúpula directiva. Evitar el latro­cinio, que el saqueo quede impune y que sus responsables se queden con lo ajeno, exige fiscales firmes y jueces independientes, y eso está ocurriendo.

Pero mientras la clase política demora y dis­cute la forma en que saldrá Peña, la urgen­cia está en otro lado. Hay comerciantes, tra­bajadores y familias que guardaban en el banco el fruto de años de esfuerzo. La Ley 7745 habilitó un adelanto de hasta 40 sala­rios mínimos por ahorrista desde el Fondo de Garantía de Depósitos, y el Banco Central del Paraguay recalca que entre el 97 y el 98 % de los pequeños depositantes recuperará la totalidad de su dinero. Esos pagos necesi­tan un Estado que funcione, con autorida­des firmes y un horizonte claro. No necesita retraso ni dilaciones de ningún tipo que las­timosamente no es el criterio de la oposición.

El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente del desenlace del juicio político porque la tranquilidad social no se decreta: se construye con señales concretas. La pri­mera, que el dinero llegue a quienes corres­ponde, en tiempo y forma. La segunda, que el sistema financiero vuelva a tener un árbi­tro creíble, con un Banco Central completo y respaldado. La tercera, que la sucesión insti­tucional deje de ser el campo de batalla. Todo esto se solucionaba con un trámite expe­ditivo, rápido, institucional que iba a darse ya ayer con la asunción de Pedro Alliana, el vicepresidente, el reemplazante constitucio­nal del ayer renunciante jefe de Estado.

Cada día de incertidumbre se traduce en desconfianza, y la desconfianza es el peor enemigo de un sistema financiero que –aun­que fuerte y sólido– recibió un golpe esta semana. La prueba es doble: proteger el aho­rro de la gente y castigar a quienes lo pusie­ron en riesgo, sin que una cosa quede rehén de la otra.

Restaurar la institucionalidad no es un capricho de un sector político, de ninguna manera. Representa la condición para que el ahorrista vuelva a confiar, para que el Estado pague lo que debe y para que la Justicia haga su trabajo sin presiones. Lo demás puede esperar, pero eso no lo entendieron algunos legisladores opositores que se rinden ante las cámaras de televisión.