La noticia económica más impor­tante de los últimos días fue la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir ueno bank, una empresa bancaria que está con problemas financieros. Lo más impor­tante es que por las disposiciones legales vigentes y por el procedimiento de la autori­dad monetaria está protegido el dinero de los ahorristas que tienen sumas deposita­das hasta el valor de 75 salarios mínimos mensuales, que en la actualidad equivalen a 228.300.000 guaraníes. Por consiguiente, los pequeños y medianos ahorristas podrán disponer de su dinero cuando se puedan retirar los fondos en el momento en que lo establezcan las autoridades monetarias.

En otras palabras, las personas que tienen su dinero en la mencionada entidad inter­venida no perderán su plata hasta el monto señalado más arriba. Esto puede ayudar a dar tranquilidad a la mayoría de los depo­sitantes, pues de acuerdo con las estadísti­cas el grueso de los ahorristas está com­puesto por gente que tiene guardados hasta el equivalente a 200 millones de guaraníes. Es decir, los que están entre los considera­dos pequeños y medianos depositantes.

La Superintendencia de Bancos designó a los interventores que verificarán la situa­ción patrimonial del banco hasta la fecha de ayer. Los mismos tendrán como priori­dad preservar los activos de la entidad, es decir, cuidar el dinero que tiene, que es de los depositantes. También se encargarán de ejecutar las acciones legales y financieras que se necesitan a fin de asegurar el desa­rrollo correcto de la intervención bancaria.

Según lo anunciado por la banca matriz, la protección del dinero de los depositan­tes es una de las prioridades del procedi­miento legal. Es decir, hasta el equivalente de 75 salarios mínimos están garantiza­dos los depósitos de los clientes. Se explicó que la mencionada cobertura se aplica por depositante y por entidad, no por cada cuenta individual. Es decir, si una per­sona tiene más de una cuenta de depósito, podrá recuperar solamente de una.

Por otro lado, el BCP pondrá en funciona­miento la serie de mecanismos estableci­dos en las leyes para proteger de la mejor manera posible los saldos que superen los 75 salarios mínimos que están garantiza­dos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Las fuentes de la banca central indica­ron que este caso responde a la situación particular de la entidad intervenida, que no representa una condición generali­zada del sistema financiero del país. “El objetivo del BCP es atender este caso de manera ordenada y preservar la con­fianza en el sistema financiero”, señala el comunicado que se dio a conocer.

El documento oficial refiere que los depo­sitantes tienen que consultar las comu­nicaciones dadas a conocer por el BCP y evitar la toma de decisiones basadas en rumores o informaciones no verificadas. Por ello las decisiones, los mecanismos que se apliquen y las indicaciones para los depositantes se comunicarán a través de los canales oficiales correspondientes.

La situación planteada en esta ocasión por el problema financiero del mencio­nado banco es parte de lo que suele ocu­rrir en cualquier sociedad en que rige la libertad económica. No en las naciones con régimen dictatorial donde el Estado no permite la libre realización de actos financieros ni comerciales, debido a su rigidez autocrática. Para enfrentar situa­ciones como la que nos ocupa nuestro país cuenta con numerosas disposiciones lega­les, principalmente para este caso con la Ley 2334/03 de “Garantía de depósitos y resolución de entidades de intermedia­ción financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”. Esta norma establece los procedi­mientos a seguir para proteger el dinero de la gente y garantizar la tranquilidad finan­ciera del país.

La autoridad monetaria del Estado para­guayo, que es el Banco Central, tiene a su cargo resolver todos los problemas que afectan a miles de personas que deposi­taron su dinero en el banco intervenido. Teniendo en cuenta la seriedad del orga­nismo y el buen manejo que lo ha desta­cado en sus actuaciones, se puede aguar­dar con tranquilidad que se protegerá de manera adecuada a los ahorristas a quienes se les devolverá su dinero hasta el monto legal establecido.

Por lo tanto, lo recomendable es que todo tipo de comportamiento alocado debe ser rechazado de plano, por sus propósitos nefastos. Como es el caso de los que piden juicio político a las autoridades naciona­les por acontecimientos financieros cuya resolución está en manos de las entidades monetarias competentes.