En toda democracia, las eleccio­nes libres, limpias y transparen­tes constituyen uno de los pilares que ratifican su vigencia formal. Legalizan el origen de un gobierno, pero no suscriben su legitimidad a futuro, aquella que se construye desde el ejercicio del poder, centrándose fundamentalmente en resul­tados sociales cuantificables mediante una economía que crece de manera sostenida y equitativa. En una sociedad abierta, el pue­blo tiene el derecho de reclamar rapidez y eficacia para la resolución de los problemas que impiden que la gente pueda satisfacer sus necesidades más básicas para una vida digna, como el acceso a una educación de calidad, un sistema de salud sin exclusiones, seguridad alimentaria, jurídica y pública, oportunidad de empleos y vivienda. Muchas autoridades llegaron a sus cargos con dis­cursos que prometieron un futuro de bienes­tar, discursos sostenidos con una supuesta formación académica superior, pero que, una vez sentadas en sus doradas oficinas, carecieron de sensibilidad social y aptitud para gobernar.

La prioridad debe ser siempre la clase humilde, los eternos desheredados de los beneficios del progreso, los pobres que sueñan con días mejo­res para ellos mismos y su descendencia, rom­piendo así el círculo perverso de la ignorancia que genera indigencia y la indigencia que multi­plica la ignorancia. Es por ello que, en los comi­cios, es urgente que los simples votantes, aque­llos que solo se limitan a cumplir con el rito de sufragar, se conviertan en ciudadanos, es decir, personas con pensamiento crítico, aptos para discernir y elegir a conciencia a aquellos que consideran que los han de representar con capa­cidad, eficiencia y manejo ético de los recur­sos públicos. Aquellos candidatos o candidatas que despierten estas expectativas deben ser los favorecidos con la confianza de los electores. Sin embargo, es apenas el primer paso. En cuanto esas expectativas sean defraudadas por incom­petencia, nepotismo o corrupción, o todos estos vicios juntos, el pueblo debe constituirse en juez inapelable para reclamar el cambio de rumbo o, llegado el momento, incluso, la destitución de quienes eligieron el camino torcido de los privilegios personales, grupales o de círculos (incluyendo familiares), apurando el enriqueci­miento rápido e ilícito, antes que servir a su país o comunidad con honestidad y solvencia.

En los últimos años, la conducta inmoral de quienes fueron elegidos para ocupar cargos de representación popular ha contaminado con mayor frecuencia y volumen la política, aumentando el descrédito hacia ella de parte de una creciente población cansada de que sus ilusiones sean frustradas por malos gober­nantes, ya sean nacionales, departamentales o municipales. Están a la vista los hechos de corrupción, así sean por denuncias ciudada­nas o corroboradas por los propios organis­mos de control del Estado. Lamentablemente, seguimos tropezando con procesos jurisdic­cionales excesivamente lentos que posibili­tan que ciertos políticos –demostradamente corruptos por fuerza de las pruebas incon­trastables– continúen haciendo campaña proselitista, como si fueran personajes de tra­yectoria impoluta, apoyados por medios de comunicación convertidos en un tribunal de memoria selectiva que condena a sus enemi­gos y absuelve a sus socios, aliados o protegi­dos, aunque sobren las evidencias de manejos turbios en el desempeño de sus cargos. Y, ante tamaña complicidad y complacencia, ahora se pasean orondamente con aires de redentores de la patria, cuando que sus gestiones públi­cas jamás soportaron una investigación seria y documentada de parte de la Contraloría Gene­ral de la República.

Hoy se realizan las elecciones municipales en todo el país, de donde saldrán los 263 nuevos intendentes que dirigirán los destinos de sus respectivas comunidades durante los próximos cinco años. Los que han renunciado a la ética como valor insustituible de un medio de comu­nicación ya no consideran a la capital del Para­guay, Asunción, como la “madre de todas las batallas”, sino a Ciudad del Este, porque ahí fija sus reales el que decidieron que sea el candidato “capaz de derrotar al Partido Colorado”, según sus sesgadas pretensiones. Los que han elegido la estrategia de la campaña sucia para instalar a su candidato no se apartarán de este retorcido camino, porque solo les obnubila sus mezqui­nos intereses y no la salud de la República. Por tanto, no tienen ningún escrúpulo ni vacila­ción para sacrificar la verdad, la ética y la sana conciencia, aunque ello implique apostar a la improvisación, la mediocridad y la corrupción.

Nuestras comunidades, especialmente las más pobres del interior del país, ya no pueden caer en manos de políticos inventados desde el engaño publicitario y el falso ropaje de una honestidad de la que no pueden ufanarse pre­cisamente porque es una de sus mayores defi­ciencias. Alguna vez, estos medios de comuni­cación –que apuestan incluso a lo peor con tal de derribar a sus enemigos– deberán cargar con el castigo ciudadano. De hecho, desde hace un buen tiempo han perdido –si no toda– gran parte de su credibilidad del pasado. En fin, que hoy sea una fiesta de la democracia y la libertad de sufragar. Aunque los que se creen dictado­res de la opinión pública no estarán muy de acuerdo al respecto.