En una decisión considerada histórica, los médicos que tra­bajan en la salud pública consi­guieron un reajuste salarial de 2 millones de guaraníes y otras reivin­dicaciones que reclamaban tras firmar el acuerdo respectivo con las autorida­des nacionales. Las medidas económicas regirán a partir del 2027 con la vigen­cia del nuevo presupuesto general de la Nación que actualmente está siendo estudiado en el Congreso Nacional. Se aguarda que con la aprobación del con­venio se desactive la huelga que se estaba programando por los profesionales de la salud en los hospitales estatales, que son las unidades sanitarias de mayor cober­tura en toda la geografía paraguaya.

El presidente de la República, Santiago Peña, explicó la decisión tomada por el Gobierno para responder al pedido de los profesionales de la salud que trabajan en los centros sanitarios del Estado.

“Después de 14 años tomamos una deci­sión que reivindica a nuestros médicos: un reajuste de 2 millones de guaraníes para cada profesional. Esta es una deci­sión que mira el presente, pero también al futuro. Quiero más médicos, una salud más fuerte y un Paraguay donde cada ciudadano reciba la atención que merece. Voy a seguir tomando las decisiones necesarias para cuidar a nuestra gente y construir el Paraguay que queremos”, expresó el primer mandatario.

Por su lado, la dirigente del Sindi­cato Nacional de Médicos (Sinamed), Rosanna González, resumió el hecho de la manera siguiente: “Todos los médicos sin excepción vamos a tener un reajuste salarial”.

Las principales medidas acordadas con­templan el reajuste salarial de 2 millones de guaraníes para los médicos contra­tados y permanentes del Ministerio de Salud Pública que trabajan en los hospi­tales públicos del país. No se incluye a los galenos que dependen del Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene otro régi­men salarial. El aumento se cobrará en el 2027: 500 mil guaraníes en abril, 500 mil guaraníes en julio y 1 millón de guaraníes en diciembre. Los médicos nombrados y contratados recibirán 1 millón de guara­níes por día feriado trabajado.

Otra de las decisiones importantes es que para fortalecer el sistema de la salud pública se contempla disponer de 1.260 millones de guaraníes adicionales que se destinarán a la adquisición de insumos y medicamentos para mejorar la respuesta a los requerimientos del sector de la ciu­dadanía que recurre a los servicios públi­cos de salud.

La apertura que han tenido las autori­dades nacionales ante los requerimien­tos de los médicos de la salud pública es una muestra de la capacidad de com­prensión de los problemas de los tra­bajadores estatales. Y las medidas que adoptaron para destinar más fondos estatales a los médicos constituyen un esfuerzo extraordinario para las arcas públicas, pues el Estado tiene que recaudar más para poder hacer frente a nuevos gastos, como ocurre con el alza salarial de los galenos. Por ello el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año venidero tendrá que contemplar más fondos para la salud, por encima de lo que ya ha venido aumentando en esta administración estatal, que es la que más recursos ha destinado a las erogaciones con destino a la mayoría ciudadana en materia de salud y educación.

Las arcas estatales no pueden disponer de más gastos sin que estén contempla­dos en la ley del presupuesto vigente en el año. Por lo que la respuesta efectiva del Gobierno a los pedidos de los médicos solo puede darse cuando se pueda modi­ficar la norma mencionada y con la pro­visión de más recursos que provienen de las recaudaciones fiscales. En ese sentido, el Congreso tendrá la última palabra en la referida norma para poner en práctica el aumento salarial decidido por el Poder Ejecutivo.

Cuando se deja de prestar un servicio público, como la atención de la salud en los hospitales estatales, se produce un fuerte daño a miles de personas que recurren a esos sitios porque no tienen recursos para pagar una atención médica privada. Es un perjuicio que se causa a la gente más nece­sitada de la sociedad, por lo que las huelgas médicas en el sector público no son reco­mendables atendiendo los requerimien­tos de las clases pobres. Cuando se puede dialogar para conseguir un objetivo, no es aconsejable recurrir a medidas de fuerza que perjudican a mucha gente, que, como contribuyentes que son, también aportan dinero para los sueldos de los funciona­rios estatales.