La sostenibilidad fiscal guarda directa relación con el Presupuesto General de la Nación, motivo por el cual los gastos rígidos y las deudas impactan sobre aquella deseada sostenibili­dad que consiste en un balance sustentable entre los ingresos y gastos públicos. La estabi­lidad monetaria, por su parte, ha sido un logro importante del país y de este gobierno, que sin sobresaltos mantiene la inflación de un dígito.

En tal sentido, nuestro país tiene a la fecha una importante legislación que no requiere de nin­guna reforma como algunos pretenden, sino de su incondicional cumplimiento. Esta ley llamada “De responsabilidad fiscal”, aprobada en el año 2013, cuyas disposiciones son complementarias a las establecidas en la Ley 1535 “De administra­ción financiera del Estado”, contiene reglas ins­titucionales para garantizar la estabilidad y el equilibro de las finanzas públicas.

El tope del 1,5 por ciento autorizado del défi­cit con relación al producto interno bruto (PIB) posibilita un horizonte a mediano plazo, lo que se corresponde como una señal clara hacia los mer­cados. La certidumbre es fundamental para la colocación de inversiones tanto nacionales como extranjeras.

De hecho, y como desde este espacio editorial venimos pregonando, no hay espacio para alguna duda de índole teórica y práctica para descartar un límite del gasto estatal. Caso contrario, las consecuencias afectarán a la población contribu­yente y llegará incluso hasta la misma estabilidad monetaria, entiéndase el mantener la inflación de no más del 5 por ciento anual como en efecto lo viene haciendo el gobierno del presidente San­tiago Peña.

Ahora bien, el gasto público, aquí en nuestro país o en cualquier otro que se precie de democrático, se halla expuesto a las coyunturas que buscan dar respuestas a las necesidades de la población, llá­mese sobre todo si hablamos de seguridad, educa­ción, salud y obras públicas. Por ende, un aumento del gasto puede ocurrir y corregirse tan pronto como se acomoden los ingresos mediante recursos genuinos. Sin embargo, lo que no debería darse es que los gastos sigan creciendo sin correspondencia a los ingresos sin visos de solución.

Sobre esto último y tomando en cuenta que el gobierno anterior elevó al déficit al 6 por ciento, la actual administración apenas asumió el poder entendió correctamente que su gestión consistía en ir bajando ese déficit para volver a lo estable­cido en la referida ley de responsabilidad fiscal, esto es, al 1,5 por ciento del PIB. En este lapso de tiempo, no obstante, ocurrieron varios hechos de orden interno como externo. Así, en el orden interno tenemos que las deudas contraídas con las vialeras y farmacéuticas ya habían sido com­prometidas en el período anterior, a lo que se suma una caída inusitada de la cotización del dólar, que a la fecha afecta a la recaudación.

Esto último, la caída del dólar, se relaciona a varias causas. Por ejemplo, el contexto inter­nacional de dos guerras está afectando al dólar norteamericano y mucha gente viene al Para­guay con dicha moneda, lo que produce una alta demanda de nuevos productos y servicios; por tanto, con más dólares en el mercado y con un guaraní apreciándose debido al crecimiento de su economía, la consecuencia es lo que hoy se tiene: a seis mil guaraníes cada dólar.

Este escenario tiene impacto sobre la recauda­ción debido a que el ingreso de dinero es menor por la venta de nuestros commodities desde el complejo agropecuario colocados en los merca­dos internacionales, lo que se traduce en menos ingresos para el erario. El gobierno del presidente Peña, al respecto, respondió correctamente a estos escenarios tanto interno como externo. En el orden interno profundizó reformas para la formalización de las mipymes y mediante los controles de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se está bajando la evasión tributaria.

Al respecto, no se puede negar que la informali­dad es alta en nuestro país (y en toda la región de Latinoamérica). Esta se encuentra en el orden del 30 por ciento, cuestión no menor, dado que significa que tanto empleadores y trabajadores, además de unidades de producción y comercio, se encuentran fuera de todo tipo de fiscalidad y control. Ergo, no aportan al erario, afectando los ingresos estatales.

Y con este detalle a destacarse. La informalidad a la fecha está siendo reducida con medidas correc­tas como la mencionada legislación llevada a cabo a iniciativa del Ejecutivo con mejores controles, lo que se tradujo en un aumento de las recauda­ciones en los últimos tres años y sin tener que apelar a ningún aumento de tributos en todas sus modalidades, sean directos o indirectos.

En suma, y como bien ha venido manifestando el presidente Santiago Peña, es preciso conti­nuar fortaleciendo la formalidad, contener el gasto corriente y seguir haciendo crecer la eco­nomía sin apelar a incrementos en los impues­tos, que recaen sobre los contribuyentes y el sec­tor productivo. El crecimiento continuo del país requiere de mantener y cumplir con las reglas institucionales ofreciendo sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria.