Quienes han profundizado en las Ciencias Políticas conocen la desigual ecuación de las demandas sociales que superan la capacidad de respuesta del Estado. Así se ha esbozado una teoría sustentada en la realidad.
Las necesidades se multiplican cotidianamente, razón por la cual los gobiernos de turno tienen que tener una enorme capacidad intelectual y de gestión para anticiparse a las urgencias y satisfacer los reclamos más urgentes. Por supuesto, con el componente imprescindible de la honestidad sin máculas.
Lo que implica erradicar o reducir la corrupción a sus índices más bajos. Que debería constituir casos aislados y no la constante en el manejo de los recursos públicos. Durante el periodo de la anarquía que asoló nuestro país, entre 1904 y 1936, salvo algunas elogiosas excepciones, el Estado era la caja chica para financiar revoluciones y golpes de Estado, conforme se puede leer en los diarios de la época.
Y cuando ocurría algún giro político y los ayer exiliados retornan para ocupar el poder, hacían cubrir con Hacienda los gastos del destierro, incluyendo a sus familiares. Cualquiera que tenga interés en conocer esa parte de nuestra historia –insistimos– solo tienen que hurgar en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.
El uso discrecional de los bienes del Tesoro se acrecentó durante la dictadura del general Higinio Morínigo y encontró las desprolijidades más aberrantes en los 35 años que duró el régimen autoritario del general Alfredo Stroessner.
Basta la lealtad más sumisa al “único líder” para que un simple auxiliar de dactilografía –convertido en secretario privado del tirano– pueda construir una mansión sobre la privilegiada avenida Mariscal López, como fue el caso de Mario Abdo Benítez, padre.
Pero la democracia no representó un alivio para esos dos males que parecieran tener rango de endémicos: la corrupción y la improvisación. Esa improvisación que se define a sí misma como la ausencia de carácter para aceptar un cargo para el cual no está académicamente formado.
Por eso, más arriba citamos tres elementos clave que hacen a un bueno gobierno: capacidad intelectual, eficiencia en la gestión y autonomía moral para resistir la tentación de los sobornos, la manipulación de licitaciones y las coimas que se generan a partir de productos y trabajos de mala calidad. Sin olvidar las siempre latentes sobrefacturaciones. Estamos viviendo el periodo democrático más largo de nuestra historia. Sin embargo, los vicios no lograron superarse.
Como si la corrupción fuera una desviación institucional minimizada como normal. Y la impunidad un derecho de quienes detentan el poder.
Durante su campaña electoral, en 2012, el entonces precandidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien, finalmente, accedió a la Presidencia de la República, dejó un mensaje indeleble en cuanto a los bienes públicos: “El Estado no es un botín de guerra que se toma por asalto al llegar al poder”.
Hablaba con conocimiento de causa, evaluando las maniobras torcidas de quienes le habían precedido en el Palacio de López. Por eso, cuando sus críticos le atacaban por su inexperiencia para administrar el Estado, respondía: “Es cierto, no tengo habilidades para apropiarme de los bienes que son del pueblo”.
Y cumplió ese compromiso de respetar los recursos que son de todos en los hechos. Fue, probablemente, uno de los gobiernos de menos denuncias y de mejor gestión en estos últimos 35 años. Los datos verificables así lo confirman.
Quienes le sucedieron en el poder trataron por los medios más perversos y miserables de terminar con su carrera política. Pero les salió mal la jugada, porque una y otra vez fracasaron en sus execrables propósitos.
Nos referimos específicamente al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien –junto a su círculo áulico y dos conglomerados mediáticos– pretendió convertir al expresidente Cartes en objetivo de la anterior administración de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Algunos de sus más encarnizados detractores, ante la contundencia de las farsas armadas para destruir a Horacio Cartes y sus empresas, no tuvieron más remedio que agachar la cabeza y acoplarse al movimiento interno de la Asociación Nacional Republicana liderado por el exmandatario.
No obstante, hay que remarcarlo, la democracia sigue rengueando en cuanto a una gestión de calidad y al radical combate a los privilegios que se generan desde el Gobierno. Y en esta apreciación no solo incluimos a los tres poderes del Estado, sino, también, a los órganos descentralizados como las gobernaciones y las municipalidades. Los tentáculos de la corrupción siguen habitando entre nosotros.
A eso debemos sumar que muchos representantes de la llamada expresión popular no están a la altura de sus funciones y los reclamos de la población.
Sin dudas, enorme es la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos para formar a sus cuadros y, a partir de ahí, construir ciudadanía para robustecer la democracia y la sociedad. No es muy complicado, solo es cuestión de reunir una firme voluntad de hacer bien las tareas y una fuerte presencia social que controle, conozca y defienda sus derechos esenciales.