Pese a las leyes que rigen, sigue siendo recurrente la problemática de que los mismos padres vulneran el derecho de sus hijos. La altísima morosidad en el cumplimiento de responsabilidades básicas como la cuota alimentaria en tiempo y forma continúa desafiando a la Justicia con acciones más ágiles, pero principalmente con castigos más contundentes que alerten las consecuencias para los desentendidos de esta obligación.
Los datos que proporcionó el Ministerio Público con relación a los hechos punibles que más afectan a la niñez revelan un despropósito en el cumplimiento de los deberes con los menores.
Padres irresponsables, madres en muchas ocasiones sin posibilidades de resistir los largos, cansinos y costosos procesos judiciales tienen como víctimas a miles de niños privados del derecho básico del cobro de la cuota alimentaria.
Según el Ministerio Público, el incumplimiento del deber alimentario ocupa el primer lugar en las estadísticas de hechos punibles que afectan a la niñez. Esto, a pesar de que existen leyes que garantizan este derecho. La situación resulta muy desalentadora, este flagelo que aflige a la infancia registra en segundo lugar la violencia sexual, seguido de la vulneración del deber de cuidado, el maltrato y hechos asociados a entornos tecnológicos.
El estudio presentado por la Fiscalía señala que entre enero de 2020 y julio de 2026 ingresaron 110.886 causas correspondientes a los delitos contra menores mencionados más arriba. El incumplimiento del deber legal alimentario ocupa el primer lugar, con 48.832 causas entre el 2020 y el 2026.
En lo que va de este periodo 2026, específicamente hasta julio último se contabilizaron otras 4.317 causas abiertas por el incumplimiento de la cuota alimentaria. Según el Ministerio Público, el punto más alto entre los seis años completos analizados se produjo en 2023, con 8.293 causas.
Habiendo leyes claras sigue siendo alta la morosidad del cumplimiento del deber alimentario. Evidentemente, la Justicia requiere mayor fortalecimiento ya que este mal se convirtió en un flagelo que perjudica la calidad de vida de los hijos.
El Ministerio Público encaró la situación y manifestó de que, además de las investigaciones penales, se requiere un análisis profundo del tema de manera de involucrar a las instituciones responsables de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en busca de respuestas más especializadas.
Evidentemente esta problemática necesita un tratamiento más inmediato por parte de las instituciones más cercanas a la ciudadanía de manera que puedan colaborar con la Fiscalía en la agilización de cada caso, así agotar instancias que puedan ser más efectivas y rápidas en las soluciones.
Existen recursos como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que pone en vidriera y genera de alguna manera un legajo por incumplimiento con la cuota al menor. Otras recientemente presentadas como la privación a los padres morosos e irresponsables de autorizar la salida del país de sus hijos que muchas veces suelen ser utilizados por estos para alguna concesión en cuanto a sus obligaciones son medidas que están emergiendo.
Los niños y niñas no son monedas de cambio. Los problemas de pareja no pueden condicionar el cumplimiento de las obligaciones de ninguna de las partes. Por esta situación y por las faltas en las obligaciones de la pensión alimentaria que suben periódicamente, se necesitan estrategias más inmediatas, más efectivas.
Los mecanismos en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias deben traer consigo sanciones severas, ineludibles para quienes osan defraudar este derecho básico. De lo contrario, seguiremos abriendo expedientes con agotadores procesos que en muchas ocasiones terminan en la nada.
Si bien, hoy día muchos padres irresponsables son expuestos al escarnio público a través de las redes sociales, esta salida no resuelve el problema de fondo que es la garantía del derecho básico a la alimentación. Por ello, la Justicia necesariamente tiene que ser más dinámica e incorporar instituciones aliadas que ayuden con la inmediatez en las soluciones ante la miserabilidad de muchos padres que cercenan el derecho de sus propios hijos.