A medida que van transcu­rriendo los meses de este año, el Gobierno va acentuando su trabajo para atender preferen­temente los requerimientos de mayor importancia social, teniendo en cuenta que la mejor condición de la vida de las personas es el centro del interés guberna­mental.

El gasto social aumentó en 5 % en lo que va del año, según registro del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), con especial atención en los programas socia­les y de promoción y acción social. Las áreas prioritarias y programas de ayuda a la gente representaron la mayor por­ción de todas las erogaciones realizadas en lo que va de este año. Lo que indica con la fuerza irrefutable de los números que la preocupación social es una de las más importantes prioridades de las autorida­des nacionales.

De enero a julio, la Administración Cen­tral concentró gran parte de sus gastos en las áreas de atención a los requerimientos de las personas. El monto de lo erogado para los programas y planes de interés social ascendió a 22,3 billones de guara­níes, un incremento interanual del 5 %, porque se invirtieron 1,2 billones de gua­raníes más en el período mencionado.

De acuerdo con el documento dado a conocer por el MEF, el aumento refe­rido se explica sobre todo por una mayor inversión en la salud pública, que tuvo un alza interanual del 14 %. Esto debido principalmente a la mayor cantidad de recursos financieros que se han destinado al fortalecimiento de la atención sanita­ria, el abastecimiento de medicamentos e insumos, a los que se suma el apoyo a la red de servicios de salud.

Las partidas de dinero que se dirigieron a la promoción y acción social tuvieron un incremento del 10 %. Esto sobre todo por la expansión de la pensión para los adul­tos mayores, en especial por la incorpo­ración progresiva de nuevos beneficiarios del programa, que cada vez se va exten­diendo a mayor número de ancianos.

Teniendo en cuenta la necesidad de for­talecer los servicios educativos en todos los niveles, además de la ejecución del programa Hambre Cero en las Escuelas, el sector de la educación tuvo un incre­mento interanual del 9 %.

La educación y la salud fueron los secto­res con mayor participación en el gasto social realizado por el Gobierno. La edu­cación se llevó el 33 % del total de los fon­dos que se gastaron, en tanto que la salud recibió el 25 % de participación. Con lo cual para salud y educación se destinaron más de la mitad, el 58 %, de los fondos que se ejecutaron.

Si a estas cifras se le añade lo erogado en promoción y acción social, el monto del dinero que gastó el Gobierno durante los siete primeros meses de este año fue muy elevado. Se lo utilizó principalmente para financiar las necesidades más importan­tes de la gente en los más diversos niveles. Se enfatizó en direccionar los recursos hacia los sectores que tienen requeri­mientos especiales y de fuerte impacto en la sociedad paraguaya.

Teniendo en cuenta los fondos ejecuta­dos por la administración central del Gobierno de enero a julio, se observa que el 79 % de los mismos se ha dirigido a los sectores sociales del país, en que se incluye, además de la educación y la salud, a los ancianos y desvalidos. Es decir, que de cada 100 guaraníes que ha gastado el Gobierno en los siete primeros meses del año, 79 guaraníes se han destinado al área social.

La complejidad del aparato estatal, con numerosas instituciones que se encargan de las condiciones de vida, de la salud, de la educación de miles de personas, hace que no sea fácil la conducción del sec­tor público. Porque los requerimientos de los necesitados no permiten dilacio­nes ni pretextos de ninguna laya. Y hay que actuar con rapidez y con la capaci­dad de lograr los objetivos con los meno­res recursos posibles, ya que no siempre se dispone de todo lo que se necesita en tiempo y forma.

Teniendo en cuenta todo ello es de enorme trascendencia tener una admi­nistración gubernamental que prioriza los requerimientos más importantes de la gente que tiene menos recursos y nece­sita el socorro oportuno. Porque la ayuda a las personas que más necesitan es un compromiso fundamental e ineludible del Estado y de la sociedad que repre­senta.