La última versión con la que salió Miguel Prieto en estos días es la supuesta presión a jueces y fiscales para acelerar los pro­cesos judiciales que afronta por diversos casos de corrupción. El nuevo discurso del exintendente de Ciudad del Este, des­tituido por serios casos de corrupción, es, en realidad, otra cobarde narrativa para seguir evitando a la Justicia como lo viene haciendo desde hace 6 años.

El nuevo discurso de Miguel Prieto no sorprende. El exintendente con más denuncias de corrupción en su contra nos tiene acostumbrados a las excusas políticas sobre groseras irregularidades técnica y jurídicamente confirmadas en su administración.

Miguel Prieto siempre utilizó la arenga política como defensa y mecanismo de evasión a la Justicia. Ahora busca nuevos culpables para continuar eludiendo ren­dir cuentas sobre esos primeros casos de corrupción en su administración que ya llevan 6 años en la Justicia.

¿Cuánto tiempo más requiere Prieto para afrontar los procesos judiciales que afronta? ¿Por qué vive chicaneando, huyendo de confrontar los hechos que le atribuyen si verdaderamente es ino­cente, perseguido político?

Si son falsas las denuncias, los argumen­tos de imputación y acusación fiscal, ¿por qué no hace uso de su derecho a la defensa para demostrar que son menti­ras los casos que lo sacuden?

Prieto y otros políticos de la oposición quieren hacer creer que son persegui­dos políticos cuando las evidencias de sus malas gestiones son alevosas y están ple­namente documentadas. Creen que la condición de opositor les da licencia para incumplir normas y ser exonerados de las rendiciones que deben en los estrados judi­ciales por las denuncias que arrastran.

Políticos como Prieto que emergieron del descontento popular, pero que resul­taron ser más fraudulentos que aquellos a quienes reemplazaron para cambiar y mejorar las instituciones todavía quie­ren seguir con el estatus de dioses con el solo objetivo de pisotear las normas que rigen para cualquier autoridad electiva que administre recursos públicos.

Evidentemente que Prieto y varios otros chicaneros como Rafael Filizzola, Arnoldo Wiens, Arnaldo Giuzzio y varios otros esquivos de la Justicia no tienen forma de rebatir las pruebas que los condenan, por ello recurren constante­mente a la dilación de sus causas.

Una campaña más que prematura a un cargo presidencial sin muchas chances por el liderazgo que no supo cruzar los límites de Ciudad del Este fue una estrategia muy endeble para desviar la atención y atribuir que los casos investigados en la Justicia a una campaña de persecución.

Prieto como cualquier otro ciudadano sindicado de haber mal utilizado recur­sos del Estado, debe rendir cuentas ante la Justicia. Las investigaciones fiscales, los análisis técnicos de rigor de los entes de control como la Contraloría General de la República, Contrataciones Públi­cas, Impuestos Tributarios, la última auditoría realizada con la intervención municipal revelan hechos de lesión muy graves a las arcas de la institución.

No puede quedar impune la compra simulada y direccionada de miles de kits de víveres que no fueron entregados en su totalidad con el esquema Tía Chela. Tampoco la compra fraguada de miles de kilos de alimentos de un constructor de pozo artesiano, pariente de la exnovia de Prieto, el negociado de las ollas popula­res, las denuncias de coima en la cons­trucción de la costanera de la ciudad, la clínica móvil “mau”, los pagos ficticios en la finca 66, etc, etc.

Miguel Prieto tiene la obligación de afrontar los cargos que le atribuyen y refutarlos si realmente es inocente. No puede continuar burlando la Justicia e instalando discursos de persecución sin fundamentos al solo efecto de huir de los procesos.

Llegó el momento en que Prieto, sus colaboradores, sus cómplices y sus alia­dos políticos dejen la hipocresía y ren­dir cuentas de sus actos. Nadie está por encima de la ley, ningún cuento barato, delirante como la presión a jueces y fisca­les que alega el exintendente a más de 6 años de chicanear en la Justicia, pueden seguir obstaculizando el avance de las causas que deben culminar conforme a las leyes.