El brutal y despiadado ataque perpetrado a la subcomisaría de Naranjito, distrito de Yvyrarobaná (Canindeyú), que dejó como saldo el asesinato de dos agentes policiales y un civil, constituye mucho más que un nuevo episodio de violencia en el norte del país. Es un indicativo inequívoco de que grupos criminales buscan desafiar la autoridad del Estado y consolidar espacios de terror e impunidad en una zona histó­ricamente golpeada por flagelos como el narcotrá­fico, las extorsiones a comunidades productivas y la presencia de organizaciones armadas. La respuesta no puede limitarse a una reacción coyuntural; debe convertirse en una estrategia integral y sostenida para recuperar plenamente el control del territo­rio, tal como se ha debatido en la última reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), encabezada por el presidente de la República y comandante en jefe de las FF. AA., Santiago Peña.

Las primeras informaciones apuntan a la partici­pación de una nueva camada del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una organiza­ción pequeña y que se halla presente en el Norte desde hace casi 20 años, y que presuntamente articuló con estructuras mafiosas locales vinculadas al negocio de la marihuana. De confirmarse esta hipótesis, el desa­fío adquiere una dimensión diferente. Ya no se trata únicamente de enfrentar a un grupo armado, sino de combatir una convergencia entre terrorismo criminal y economías ilícitas, una fórmula que ha demostrado ser altamente peligrosa en otros países de la región, como se ha visto en Brasil, Bolivia o últimamente en Ecuador.

El Gobierno anunció que el crimen no quedará impune y dispuso reforzar el contingente que da soporte a la Fuerza de Tarea Conjunta, el Comando de Operacio­nes de Defensa Interna y la Policía Nacional, además de una reorganización de los puestos policiales, y una necesaria reingeniería de los recursos humanos en la zona. Son medidas necesarias, pero deberán estar acompañadas de una mayor inteligencia, coordinación institucional y permanencia en el tiempo. La experien­cia demuestra que los operativos temporales producen alivios momentáneos, pero no desarticulan las estruc­turas criminales cuando estas conservan capacidad logística, financiera y territorial.

Los sectores productivos de Canindeyú llevan años reclamando una mayor presencia del Estado, como por ejemplo la enorme agroganadera Pindo, que viene soportando la extorsión y la expoliación desde hace más de una década.

Agricultores, ganaderos, comerciantes y pobladores denuncian desde hace tiempo la existencia de zonas donde el miedo condiciona la actividad económica y donde las organizaciones criminales ejercen influen­cia mediante amenazas, extorsiones y violencia. Esos reclamos no pueden seguir siendo interpretados como advertencias aisladas. Deben convertirse en insumos para una política pública que priorice la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.

Erradicar las llamadas “zonas rojas” implica mucho más que instalar nuevos destacamentos policiales. Requiere inteligencia criminal permanente, control efectivo de rutas clandestinas, vigilancia tecnológica, fortalecimiento de las capacidades investigativas del Ministerio Público, persecución del lavado de activos y desmantelamiento de las redes financieras que sos­tienen a estas organizaciones. Sin atacar sus fuentes de financiamiento, cualquier victoria será transitoria. Es por eso que la labor conjunta de todas las instituciones del Estado debe enfocarse en trabajar de manera coor­dinada para lograr contener a estas fuerzas que operan al margen de la ley.

Paraguay también debe comprender que el combate contra estas estructuras tiene una dimensión interna­cional. El narcotráfico, el tráfico de armas y las orga­nizaciones criminales operan sin respetar fronteras. Por ello, la cooperación con países vecinos y con orga­nismos especializados debe fortalecerse mediante intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas, capacitación y asistencia tecnológica. La ayuda mul­tinacional no debe verse como una señal de debilidad, sino como una herramienta estratégica frente a ame­nazas que igualmente son transnacionales.

La seguridad, además, constituye un activo económico. En momentos en que Paraguay busca atraer inversio­nes, ampliar mercados y consolidarse como destino confiable para el capital extranjero se necesitan men­sajes claros. La estabilidad institucional y la capacidad del Estado para garantizar el imperio de la ley forman parte de los factores que hoy evalúan quienes deciden dónde instalar una empresa, desarrollar un proyecto o generar empleo.

La respuesta debe combinar firmeza con inteligencia. No basta con aumentar el número de efectivos; es nece­sario fortalecer la formación, dotar de mejores equipos a las fuerzas de seguridad, modernizar los sistemas de información, proteger a quienes denuncian activida­des criminales y acercar servicios públicos a comuni­dades donde el abandono estatal ha facilitado el avance de organizaciones ilegales. El Gobierno está dispuesto a ampliar esta presencia y resulta más que necesaria.

Las vidas perdidas en Naranjito obligan a actuar con decisión. No solo por respeto a quienes fueron asesina­dos, sino porque cada espacio cedido al crimen orga­nizado termina debilitando la autoridad democrática y limitando las oportunidades de miles de paraguayos que desean vivir y producir en paz. Levantar a Canin­deyú no es únicamente una misión policial o militar; es un objetivo nacional que exige continuidad, coordina­ción y voluntad política.