El Gobierno está iniciando un ambicioso proyecto denomi­nado Nueva Ruralidad, que consiste en una novedosa estrategia para hacer crecer las zonas rurales y dar más oportunidades econó­micas a la población del campo, que en el pasado no ha recibido buenas posibilida­des de crecimiento.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es el encargado de apli­car el nuevo programa, que se puso en marcha el sábado último en el departa­mento de Ñeembucú con el propósito de consolidar una política pública de creci­miento rural, que luego se aplicará a todo el territorio nacional.

De acuerdo con las explicaciones dadas por voceros del ente, el plan consiste en una política de desarrollo integral del campo, con un enfoque de progreso rural desde las instituciones del Estado. Tiene tres ejes: el primero es tratar de asegu­rar el mercado para los artículos que produce la gente del campo, y para ello se pondrán en práctica medidas destina­das a aumentar la productividad, que es el segundo eje. Y, por último, se tomarán medidas para impulsar el arraigo de la gente para que se quede a vivir en su zona de origen mediante inversiones públicas encaminadas a producir el bienestar de las comunidades rurales.

Por mucho tiempo la población campe­sina ha migrado hacia las zonas urbanas por una serie de motivos, especialmente por falta de buenas oportunidades de progreso económico y desarrollo social. No era suficientemente rentable lo que se producía en el campo y los pueblos y ciudades ofrecían propuestas laborales atractivas, aparte de oportunidades de formación y estudio para los niños que no existían en las zonas donde vivían.

Durante el acto del lanzamiento del plan, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el trabajo que se reali­zará en Ñeembucú servirá como expe­riencia para promover el desarrollo cam­pesino que luego se extenderá al resto del país. Enfatizó que el eje de la política que se llevará a cabo es lograr el bienestar del campesino y su familia.

Para comprender mejor el proyecto del Gobierno, es bueno entender que la rura­lidad es el conjunto de fenómenos socia­les, económicos y culturales que se desa­rrollan en el espacio del campo. Abarca la baja densidad poblacional, la identidad comunitaria, la relación con el medioam­biente y las dinámicas territoriales que interactúan con las ciudades. Por ello a partir de la regularización de los lotes agrícolas, que es la tarea principal del Indert, se buscará que la gente se arrai­gue en su zona mediante las inversio­nes del Estado que son necesarias para el bienestar de los campesinos. Un dato que ayuda a comprender la importancia de poner en orden la documentación de los campesinos es que solo el 40 % de las tierras productivas están dentro de las reglas legales. Lo que indica que la mayo­ría de los lotes rurales están en el campo de la irregularidad. Otro de los propósi­tos es adoptar medidas para que los jóve­nes del campo se arraiguen fuertemente y no migren a las ciudades. Para lo cual se les brindará un enfoque de negocio a partir de la actividad rural. Entonces se buscará hacer alianzas público-privadas con cooperativas industriales, además de tratar de incluir los productos del campo en los programas de compras públicas y en los acuerdos de comercialización internacional.

El proyecto que se acaba de iniciar en Ñeembucú no es un simple plan que abarcará solo a algunas regiones. Es un programa de alcance nacional que se extenderá en todo el país para sanar una de las grandes heridas existentes, la falta de regularización de la mayor parte de las tierras que por décadas ha sido un problema sin resolver. Que el produc­tor campesino que trabaja un lote rural tenga el título de propiedad de su tierra es de suma importancia, porque ello le permitirá obtener créditos en las entida­des financieras para programas de desa­rrollo y para realizar inversiones enca­minadas a ampliar su producción.

Que solo 4 de cada 10 tierras agrícolas estén en condiciones legales a favor de sus tenedores es lamentable, y encon­trarle una solución adecuada consti­tuye un desafío enorme para el gobierno y la sociedad nacional. Por eso el plan que acaba de comenzar la entidad esta­tal tiene que conocerse y valorarse de manera adecuada para que reciba el apoyo de las instituciones, de las empre­sas y de los ciudadanos del país.