Paraguay dejó de ser el bochornoso país blanco de noticias por casos de narcotráfico. Este gobierno recuperó la cara de nuestro país con el firme combate al crimen organizado que se instaló y se fortaleció durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Los decomisos de grandes toneladas de cocaína en puertos internacionales deja­ron de sacudir al Paraguay ante el mundo. Sin duda, el Estado cuenta con las herra­mientas para combatir al flagelo del crimen organizado, pero la ausencia de la volun­tad política, como ocurrió en los 5 años del gobierno anterior permitió proliferar el ilí­cito a grandes escalas, con una connivencia sin precedentes por parte de altas autorida­des con capos del negocio ilícito.

Hay que decirlo, el gobierno de Mario Abdo incineró la imagen del país ante la comuni­dad internacional. Fuimos noticia cons­tante de incautaciones de cientos toneladas de cocaína en puertos europeos como Ham­burgo, Bélgica, España y en otros a nivel regional como los decomisos en Brasil, Uruguay, etc., que dejaban al descubierto el nulo control en Paraguay, producto de una mezcla de desidia y complicidad guberna­mental.

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Las cifras que movió el ilícito fue extraordi­nario. Estudios realizados por entendidos estimaban el auge de la narcoexportación durante el gobierno Abdo, consolidó un negocio que desde el 2020 hizo circular en negro unos USD 25.000 millones.

El daño a la imagen país y a la estructura misma del Estado fue enorme. La confianza se desmoronó complemente para la ciuda­danía, mientras la logística narco se forta­lecía aprovechando facilidades que se con­cedieron alevosamente como la liberación de los controles en los puertos.

Una dejadez que parecía más que una alianza desnaturalizó el Estado en los tiempos de Abdo y eso no se puede olvi­dar ni dejar atrás solo porque pasaron los años. Hasta los ministros de su gobierno aparecieron como amigos de capos narco, recibiendo favores de quienes estaban investigados en grandes operativos anti­narcóticos.

Esta situación ha sido revertida por el actual gobierno. Precisamente, el presi­dente de la República asumió esta realidad en su último informe y de manera contun­dente refirió que, “Paraguay dejó de ser el corredor de la cocaína de Latinoamérica”.

El mandatario explicó detalladamente el trabajo de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) que volvió a realizar contro­les estrictos, mecanismos de inteligencia operativa, uso de tecnología y la coopera­ción internacional, que se habían debilitado durante la gestión anterior. “Desde princi­pios de este gobierno hasta la fecha, no se ha registrado ninguna incautación de cocaína en Europa asociada a envíos desde Para­guay”, puntualizó el jefe de Estado.

Como nunca, la Senad hizo incautacio­nes que batieron récord. Los números que socializó el presidente indican que solo en el último año la institución antinarcó­tica realizó 8.947 operativos que generaron USD 212 millones de perjuicio al negocio narco. Si ahora se pudo hacer estos trabajos, por qué antes no, es la pregunta que queda picando.

Paraguay cuenta con profesionales de alto perfil en sus organismos de seguridad. De hecho, personal de inteligencia alerta­ron al gobierno de Abdo, es decir al mismo Abdo Benítez de la llegada del narco Sebas­tián Marset y proveyeron información del esquema, la logística que iban instalando con los depósitos de acopio de cocaína en el Chaco de cocaína que ingresaban desde Bolivia y la complicidad de empresarios en los puertos de salida del país.

Los equipos de inteligencia tenían iden­tificado pistas, depósitos en el Chaco y en las inmediaciones de los centros portua­rios. Sin embargo, los brazos caídos desde el gobierno de Abdo permitieron el afianza­miento del ilícito.

El oscuro periodo que vivió el país durante el gobierno de Abdo no debe volver a repe­tirse jamás. Si la actual administración estatal avanzó con el combate al narcotrá­fico y otros problemas no existen argumen­tos para retroceder.

Los logros de este gobierno son muy impor­tantes en el combate al crimen organizado y la recuperación de la confianza en el país, pero los desafíos siguen siendo grandes. Sos­tener un territorio libre de estas actividades ilícitas exige un continuo esfuerzo por parte del Estado, ese es el camino si realmente aspiramos el desarrollo y el bienestar.

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