Para que la asistencia que se presta a las personas pobres llegue a sus destinatarios y logre mayor efec­tividad para el mejoramiento de sus vidas, el Gobierno está proponiendo una nueva norma. Se trata del proyecto de ley de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. También, se prevé extender el auxilio eco­nómico a los que todavía no lo tienen. Por­que, como dijo una fuente del Ejecutivo, “el compromiso del Gobierno del Paraguay es que ningún paraguayo quede sin recibir la ayuda que necesita”.

La intención es mejorar de una manera sustancial la vida de las personas en situa­ción precaria, por lo que se quiere asegu­rar que la ayuda que se les presta produzca la transformación que se requiere. No más pobres que duermen bajo el techo de la miseria, sino personas que se levantan cada día con ganas de trabajar para salir ade­lante mediante el respaldo eficaz del Estado paraguayo.

El proyecto de ley prevé la creación del Registro Social de Hogares para poder foca­lizar mejor las personas que están en situa­ción de pobreza.

Se pretende priorizar a las comunidades indígenas y a los discapacitados mediante programas especiales, como Tekoporã. El presidente de la República, Santiago Peña, como gestor principal de la medida, señaló: “Seguiremos impulsando este tipo de accio­nes para que ningún paraguayo quede sin recibir ayuda”.

La argumentación para adecuar la mencio­nada ley es que se necesita dar mayor efecti­vidad a los programas sociales, luego de dos décadas de la promulgación de la primera norma legal. Porque se necesita “una acción firme para transformar la vida de nuestra gente”, como apuntó el mandatario.

Resulta que la adecuación del diseño y la aplicación de los programas sociales a las necesidades de la población destinataria constituyen elementos fundamentales para lograr su máximo efecto, según la exposi­ción de motivos. Con la nueva ley se busca lograr un mayor impacto en los beneficia­rios, y evitar que se reproduzcan esque­mas que no cubran de manera adecuada las necesidades y los diferentes requerimien­tos según las diversas realidades de los des­tinatarios.

Como los ministerios y organismos del Estado tienen sus programas y métodos con diferentes enfoques y prioridades, con la nueva ley se quiere tener un mecanismo de centralización y monitoreo global. Esto para hacer que los planes sectoriales tengan una misma línea central, complementán­dose y siguiendo por la misma ruta.

Se considera que la aplicación del Regis­tro Social de Hogares (RSH) tendrá suma importancia, porque permitirá establecer los criterios de cómo y por qué elegir a las familias que reciben y recibirán los pro­gramas sociales. Con la medición unificada del nivel socioeconómico de las unidades familiares se evitará duplicar los beneficios y tener una base de datos centralizada para asignar y administrar mejor los recursos del Estado que se destinan a la ayuda social.

El Gabinete Social del Ejecutivo se encar­gará de la aplicación del Registro Social de Hogares, con la coordinación del Ministerio de Desarrollo. Con la centralización se pre­tende una mejor coordinación de la tarea de las entidades del Estado que llevan adelante programas de ayuda social.

Hay que resaltar que la iniciativa del Eje­cutivo de crear el mencionado registro responde a la idea de hacer más efectivo el sistema de ayuda social. El propósito que lo anima es distribuir de manera más efi­ciente los recursos que se destinan para reducir la pobreza y que sirvan sobre todo para fomentar la inclusión social.

La ayuda que se presta en el país a la gente más necesitada no consiste solo en entregar dinero o bienes a los pobres, para calmar su hambre y sostenerlos en la vida, que es de suma importancia.

También se pretende que ese auxilio les sirva para salir del atolladero en que están atascados para integrar plenamente la sociedad como iguales a los demás miem­bros participando activamente de la vida comunitaria, lo que los entendidos lla­man la inclusión social. Porque muchos que están en la pobreza no son solamente pobres, sino parias, personas excluidas y marginadas de la sociedad por falta de aceptación social.

Con la aplicación y vigencia efectiva de la ley de Transferencias Monetarias que pro­pone el Gobierno, la situación de exclusión social podría ser en el futuro solo un mal recuerdo del pasado.