Entre los más importantes asun­tos que causan preocupación en la sociedad paraguaya está la ausencia de protección legal a un altísimo porcentaje de trabajado­res. El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), ha conseguido aumentar el número de personas en la legalidad labo­ral logrando cifras nunca antes alcanza­das. Aun así, la informalidad en el área del trabajo sigue siendo alta en el país, por lo que constituye uno de los principales ene­migos a derrotar. Y para ello lo primero es tomar conciencia de esa realidad.

Uno de los temas resaltantes es que sola­mente el 27,8 % de las personas que traba­jan están aportando a una caja de jubi­lación, lo que quiere decir que el 72,2 % restante está sin contribuir para ello y que se encuentra fuera de la ley, con todo lo que ello implica. Este dato proviene de la Encuesta Permanente de Hogares del 2025 realizada por el Instituto Nacio­nal de Estadística (INE), que fue estu­diado por un técnico del Centro de Análi­sis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).

Las cifras que indican la baja cobertura de los derechos de previsión social de las personas que trabajan están reflejando con la contundencia de los números que la informalidad laboral es muy alta.

Hasta el 2024 el porcentaje de trabaja­dores en la informalidad era del 64 %, de acuerdo con los datos oficiales, número que bajó al 59,4 % en el 2025, aunque a pesar de ello sigue revelando el altísimo número de personas que trabajan en la ilegalidad. La informalidad en este caso significa que no se cumplen las disposi­ciones legales vigentes, tanto en cuanto al monto de los salarios como en la vigen­cia de sus derechos laborales. Estando al margen de la ley el trabajador puede ser cesado del trabajo sin ninguna compensa­ción adecuada, no tiene ninguna protec­ción ante eventuales emergencias o pro­blemas de índole sanitaria que pudiera sufrir.

La situación de informalidad laboral es menos simple de lo que se puede suponer. Si las empresas son formales, se supone que sus trabajadores están dentro de la formalidad, que están laborando dentro lo que corresponde según las disposicio­nes legales. Pero los hechos que se cono­cen demuestran que no es así.

De acuerdo con el estudio señalado, el 49,6 % de los trabajadores que operan en empresas que están dentro de la forma­lidad no aporta al Instituto de Previsión Social (IPS), como corresponde según la ley. Este detalle demuestra que la contra­tación irregular es una práctica habitual incluso entre muchas entidades empre­sarias formales, lo que habla de la fuerte incidencia de la ilegalidad laboral. El hecho de que casi la mitad de los trabaja­dores (49,6 %) de entidades formales esté fuera de la ley es sumamente llamativo y requiere un tratamiento especial. Porque es inaceptable.

La disminución y la eliminación de la ilegalidad laboral es una de las tareas importantes que está encarando el MTESS en forma conjunta con el IPS. No es una tarea simple que se puede llevar adelante con la promulgación de algunas leyes o de ciertas disposiciones adminis­trativas rigurosas. Es un arduo trabajo que se debe realizar partiendo de crear la conciencia de cumplir las normas legales, como ocurre en las naciones más forma­les del mundo. De facilitar con medidas inteligentes la observación de las nor­mas. Y con la aplicación del castigo ade­cuado a los que desobedecen las leyes, teniendo en cuenta la importancia peda­gógica que tiene la corrección de errores en una sociedad, pues enseña a hacer bien las cosas.

El incumplimiento de la ley laboral tiene muchas consecuencias negativas en la sociedad. Aparte del delito de desobede­cer las normas, deja a miles de trabajado­res sin la protección de salud del IPS y le niega la posibilidad de jubilarse con una suma de dinero necesaria cuando llegue a la ancianidad. En otras palabras, es un robo que no se puede aceptar bajo nin­gún pretexto, como no se puede tolerar el hurto de mercaderías, bienes o dinero a las empresas y sus propietarios.

La sociedad paraguaya no tiene por qué tolerar ninguna clase de delito o incum­plimiento de las normas, porque va con­tra su integridad legal y moral. Mantener a trabajadores en la informalidad es un inaceptable quebrantamiento de la legali­dad que perjudica a un importante sector de personas que deben ser tratadas con dignidad, como todos los miembros de la comunidad nacional.