El alto grado de informalidad de las economías en Latino América (LATAM) se encuentra determi­nado por factores que resultan importantes tomar en cuenta en nuestro país para lograr la tan ansiada formali­zación. En primer lugar, está el costo para el acceso a la formalización. Este es un motivo sustancial con el que tropiezan las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constitu­yen la columna vertebral de nuestro mercado laboral, representando más del 90 por ciento del tejido empresarial y concentrando el 80 por ciento del empleo total.

En segundo lugar, se encuentra la casi nula posibilidad de acceder al crédito con intereses bajos y a largo plazo. Esto explica por qué gran parte de las unidades productivas en lugar de crecer conforme a sus planes de negocios, luego no pueden lograr consolidarse, lo que sig­nifica desaprovechar recursos como el capital y el tiempo, con el consecuente aumento del desempleo con repercusiones sobre la seguri­dad. Las citadas causas son las principales; no obstante, existen por supuesto otras razones, pero las mismas conforman su parte medular. Por tanto, ¿qué mejor que acometer con medi­das para corregir dichas anomalías que desin­centivan la creación de más puestos laborales y sobre todo de más inversiones?

Al respecto, desde el inicio del período de gobierno del presidente Santiago Peña se bus­caron las soluciones concretas para lograr la formalización de la economía y es así que, con acierto, desde la administración gubernativa actual se ofrecieron las medidas correctas.

Lo primero que se hizo fue contar con una legislación más moderna acorde a las necesi­dades con las que se enfrentan las empresas, empezando como ya dijimos, por las peque­ñas y medianas, lugar donde se relacionan el capital y el trabajo de miles de nuestros com­patriotas y extranjeros que viven en nuestro territorio.

En efecto, una correcta legislación está haciendo posible lo que parecía difícil de lograr. La formalización mediante incentivos hoy es una realidad. Así, y a modo de ejemplo a ser tomado en cuenta, tenemos que solo en el año 2025, en nuestro país se emitieron un total de prácticamente quinientas mil ( 500 mil) cédu­las mipymes, un resultado de carácter histó­rico logrado, precisamente, por medio de una legislación correcta y razonable como la Ley 7444 del año 2025 y su decreto reglamentario.

La obtención de la respectiva cédula reco­noce la personería jurídica y su entidad como servicio, comercio e industria mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que, como sabemos, en nuestro país viene a ser el número identificador fiscal, gestionado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para personas físicas y jurídicas. Y lo importante, mediante trámites simplificados acompañados de sustanciales reducciones en los costos.

De este modo, las actividades del rubro corres­pondiente emiten sus facturas legales, pagan sus tributos y de igual importancia se forma­lizan los negocios y se bancarizan. Todo ello, permite de modo automático que con la cédula mipymes se obtenga una cuenta en una enti­dad bancaria, tal como afirma correctamente Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.

Sin duda, en la era de la tecnología la auto­matización del sistema de emisión a través del uso del sistema digital en vez del manual como se hacía antes, es el camino adecuado. Sobre este logro, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ofrece una valorable infor­mación. Se inscribieron en menos de un año de haberse implementado la mencionada legislación ( Ley 7444 / 2025) 433 mil micro empresas; 28 mil como pequeñas empresas y 9 mil como medianas empresas. Ahora bien, esta respuesta tiene a su vez su complemento necesario que, como dijimos al comienzo, se debe a que los costos se han reducido signi­ficativamente para el acceso a la formalidad, agregando otros beneficios.

Se refieren estos beneficios, entre otras cosas, a la exoneración de patentes municipales y tasas por tres años para micro empresas y el descuento de hasta setenta y cinco (75 %) a partir del cuarto año, a lo que se adiciona el acceso a la seguridad social de salud y jubi­laciones para trabajadores y dueños de las empresas y se sustituyen las infracciones en categoría de multas por cursos de capacita­ción. Asimismo, y tomando en cuenta la rea­lidad de nuestro mercado laboral y nivel de inversiones, se permite contratar personal pagando el 80 % (ochenta por ciento) del sala­rio mínimo legal en los primeros tres años.

Como podrá percatarse el lector, la reducción de costos y la emisión automática de Cédu­las Mipymes redundan en beneficios para las empresas y para la economía en su conjunto con la bancarización y el acceso a créditos con tasas reducidas y a largo plazo. Estamos ante la transformación de la informalidad nunca antes vista en nuestro país.