Los responsables de la conducción económica del Gobierno están preparando medidas para reprogramar el gasto público. Esto con el propósito de que se prioricen los sectores más importantes, sin necesidad de hacer recortes ni de dejar sin financiamiento los programas de menor relevancia. La idea es optimizar las erogaciones del Estado para atender en primer lugar lo más importante y que requiera celeridad.
Hay que destacar que no se trata de reducir o disminuir las erogaciones que tiene previsto hacer el Gobierno, como han señalado algunos que quieren menoscabar las medidas estatales. Reprogramar significa simplemente darles prioridad a los asuntos de mayor urgencia o importancia para garantizar la estabilidad. Por ejemplo, los programas de fuerte impacto social, como Hambre Cero en las Escuelas, la alimentación en los centros hospitalarios o la pensión de los adultos mayores recibirán los recursos en forma prioritaria, es decir, antes que los otros programas debido a su mayor importancia social.
La estrategia del Gobierno es optimizar la utilización de los recursos financieros tomando una serie de medidas administrativas para ejecutar mejor el presupuesto de gastos. Y en ese plan se va trazando qué se tiene que atender primero, como, por ejemplo, lo relacionado a los bienes y servicios que están destinados directamente a la ciudadanía. Esa táctica es lo que los técnicos denominan plan financiero, que es lo que se está articulando en la actualidad, para hacer más eficiente la administración estatal.
Ante la realidad que presentan las deudas acumuladas con los proveedores, la menor aceleración en los ingresos tributarios, menos rentas provenientes de las entidades binacionales, la tarea del Ministerio de Economía y Finanzas es de gran relevancia. Porque debe cumplir con las obligaciones y requerimientos sin que sufran los sectores más sensibles ni se castigue a ninguno, lo que implica hacer un trabajo inteligente y con mucha prudencia.
El hecho de que a partir de marzo las recaudaciones están mejorando, con un 10 % de aumento en el tercer mes del año, está dando una cuota de optimismo para enfrentar la situación que se ha visto golpeada también por la caída en la cotización del dólar que hizo bajar el valor de las percepciones en guaraníes de los ingresos externos. Las expectativas preocupantes que se tenían a raíz de las malas recaudaciones de los dos primeros meses cambiaron y mediante las cifras positivas de marzo y el mes que corre se aguarda un año con buenos números y un tono favorable.
Una muestra clara de la priorización de los diferentes planes es que los compromisos financieros que se tenían por el programa Hambre Cero en las Escuelas correspondientes al 2025 ya han sido cancelados.
Lo que da la seguridad de que ese proyecto de gran importancia social sigue actualmente con toda la fuerza que tenía el año en que comenzó a aplicarse en todas las instituciones escolares estatales del país.
El que los organismos públicos encargados de las finanzas estén trabajando con fuerza para pagar las deudas y cumplir con otras obligaciones sin peligrar la buena marcha de la economía es significativo. Porque, por una parte, muestra la seriedad del Estado para hacerse cargo de sus compromisos monetarios y revela el afán de seguir adelante con los demás planes para continuar el desarrollo económico.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, ha explicado que se está trabajando con los acreedores del Estado para llegar a un acuerdo sobre los pagos que tiene programado hacer el gobierno.
Ha tenido un encuentro con los directivos de las empresas constructoras en que se acordó una entrega de 150.000 millones de guaraníes en primera instancia, en tanto que a las empresas químicas y farmacéuticas se les propuso un pago de 180.000 millones de guaraníes para hacer frente al pasivo existente.
La deuda que no se ha estado pagando es una pesada herencia que viene del gobierno de Mario Abdo, que en cinco años de gestión aumentó el pasivo estatal en más del doble, con un 129,3 % de incremento.
El Ministerio de Economía y Finanzas está analizando la cantidad y disponibilidad de los recursos financieros con que cuenta el Estado para elaborar posteriormente las propuestas de pagos. Las entidades acreedoras han mostrado su satisfacción por las gestiones que está realizando la secretaría estatal y aguardan la decisión final para concretar la operación financiera.

