La libertad de expresión, al tiempo de garantizar la efectiva vigencia de la democracia, es un pilar esencial para el perfeccionamiento de este régimen a partir de una crítica lúcida, coherente, éticamente responsable y sin los sesgos maniqueístas por razones ajenas al objeto cuestionado. En primer lugar, se deben manejar los conceptos con claridad y precisión.

De lo contrario, el pretendido enjuiciamiento no será más que un rejuntado de palabrerías sin sentido, ricas en pomposidades vanas, pero pobres en contenido y sustancia. La intención es únicamente golpear ante la opinión ciudadana sin considerar ni importar el impacto real que pueda tener en el blanco apuntado. Es como soltar a la jauría con griterío infernal para llamar la atención, aunque, finalmente, no atrape a la presa.

La cuestión radica exclusivamente en instalar una campaña con ambiciones demoledoras. En segundo lugar, una crítica demanda el rigor de la coherencia, es decir, que ejerza una lógica que se corresponda con la objetividad, para que no se pierda en el petardismo intrascendente y, de yapa, de pésimo gusto.

El humo se dispersa tan rápidamente, que el público no tiene siquiera tiempo de incorporar en su mente los mal trazados párrafos de irracional condena. Por estos antecedentes, es fundamental que el veredicto observe la jerarquía de éticamente responsable.

Esta exigencia va más allá de que el autor de la opinión (muy diferente a la certeza que provee la ciencia) se haga responsable de sus dichos, pues también reclama que se despoje de las perversiones semánticas que responden a conveniencias temporales y coyunturales que desean influir poderosamente en el presente.

Y, por último, y quizás el más importante: que esta percepción personal o grupal de los hechos actuales no sea bastardeada por posiciones políticas o ideológicas. En estas condiciones, la ilusión de incidir en la realidad a partir de una exposición crítica quedará prostituida por una visión sectaria marcada por la deshonestidad intelectual, es decir, la tergiversación deliberada de conceptos y datos con el afán de lograr su cometido, que es perforar la línea de flotación del adversario.

Durante el gobierno de Alfredo Stroessner, los diferentes gremios, ya sean de la producción, el comercio y/o la industria, fueron funcionales a la dictadura.

El “único líder” era el invitado de honor de todas las exposiciones organizadas por cualquiera de estos sectores y cortaba las cintas inaugurales de nuevas empresas o sus renovados y ampliados locales. Como el dictador no hablaba, quienes acumulaban fortunas cerrando los ojos a la barbarie que azotaba al país se encargaban de coronarle de elogios con empalagosos discursos que, de tan dulzones, provocaban náuseas.

Con el corte de este régimen de terror, muchos de estos directivos, así como algunos medios de comunicación, recuperaron su voz para la crítica. Y está bien que así sea. Solo que continuaron con esta edulcorada práctica viciosa, de acuerdo con los beneficios y privilegios que siguieron recibiendo de los sucesivos gobiernos de turno durante estos últimos 37 años de vigencia de la democracia.

Críticas amplificadas por las corporaciones mediáticas que contribuyeron con sus loas para sentar las bases del reinado del despotismo deslustrado.

El gobierno de Santiago Peña puede ser evaluado desde diferentes etiquetas ideológicas. Pero de manera alguna cae dentro de la calificación de “populista”. Es corto el espacio para explicarles a quienes se pronunciaron en estos términos cuáles son las características de este sistema que tiene sus variantes de izquierda y derecha.

Mas les invitamos a que buceen en algún diccionario político o naveguen por plataformas digitales serias que proveen información desde las universidades y personalidades en la materia.

Encasillar al actual Poder Ejecutivo de asumir una posición populista solo puede tener dos explicaciones posibles: ignorancia o mala fe. Son las mismas personas que no vieron la corrupción en la administración de Mario Abdo Benítez, que dejó una herencia maldita de millones de dólares de deudas por obras que no tenían financiación asegurada (el asunto era vender asfalto de su propia empresa y robar).

Deuda que ahora está asumiendo el presidente Peña con responsabilidad fiscal y compromiso de pago en los próximos días. Sin embargo, estas informaciones no son noticias porque no generan títulos catástrofe ni tienen un efecto destructivo.

Entonces, hay que saltar por las ramas denunciando “nepotismos”, que los hay, pero enterrando en el pasado que el ministro de Hacienda del periodo anterior era hermano de madre del ahora exmandatario, quien todavía no explicó el destino de los 1.600 millones de dólares que debían amortiguar el impacto del covid-19, pero que fueron a parar a otros lares, provocando este latrocinio 20.000 fallecidos.

Y que tampoco preocupan a los flamantes cuestionadores de hoy. Hay que celebrar que la libertad de expresión está más viva que nunca. Aunque, penosamente, solo sea para difundir falacias, infamias y argumentos mentirosos.