A medida que avanza la cobertura etaria para alcanzar a la totali­dad de los adultos mayores con la pensión universal lograda en este Gobierno, también aparecen perso­najes nefastos con propuestas engañosas y de mala fe, que esconden un ruin interés político. Las autoridades deben actuar con estrategia para evitar que estas “ofertas” y sin sustento contaminen un programa tan sensible como el subsidio destinado a un sector vulnerable.

No existe sustento legal ni capacidad eco­nómica para el planteamiento de equi­parar la pensión para la tercera edad al salario mínimo vigente. Es necesario ser claros en este punto, ya que no debe con­fundirse con el beneficio legal de la jubila­ción, que demanda largos años de aporte por parte de sus beneficiarios.

La pensión universal para adultos mayo­res es un programa social clave impul­sado en este gobierno, que busca brin­dar un alivio a una población vulnerable que no pudo acceder a una jubilación por diversas razones. Su implementación, con un pago equivalente al 25 % del salario mínimo vigente, significó desde sus ini­cios la inclusión de un sector histórica­mente relegado.

Esta iniciativa, que otorga un ingreso básico a personas sin oportunidades de una vejez digna, ha mejorado la cali­dad de vida de miles de adultos mayores. Este año, la cobertura alcanzó a más de 360.000 beneficiarios, con una contribu­ción estatal cercana a los USD 500 millo­nes, lo que representa una inversión signi­ficativa proveniente de los aportes de los contribuyentes. En este contexto, resulta inaceptable la propuesta –engañosa– de jugar con las expectativas de los adultos mayores. No se puede tolerar este tipo de prácticas que terminan afectando a una población tan vulnerable.

Los beneficiarios, sus familiares y la ciu­dadanía en general deben comprender que no se requiere de ninguna organiza­ción irregular para acceder a un beneficio que es universal para quienes cumplen los requisitos establecidos. No deben dejarse engañar por promesas falsas de personas que buscan obtener rédito político.

El boicot que se intenta contra el pro­grama de pensión para adultos mayores guarda similitud con las acciones que, de forma sistemática, algunos sectores han dirigido contra otras iniciativas sociales, como Hambre Cero.

Tal como lo ha explicado en reitera­das ocasiones el ministro de Desarrollo Social, este programa no implica subsi­dios indiscriminados, sino transferencias con objetivos claros, orientadas a evitar la indigencia en la vejez de quienes no cuen­tan con otros ingresos.

Ante el esfuerzo por dignificar la situa­ción de los adultos mayores excluidos de beneficios como la jubilación, no se puede permitir ningún tipo de manipulación disfrazada de “organización” o “coordi­nadora”, que históricamente han operado esquemas que perjudican a los más des­protegidos.

Es fundamental insistir, desde el Estado y a través de todos los medios de comuni­cación, en que no se requiere pertenecer a ningún grupo social o político para acce­der a este derecho, siempre que se cum­plan los requisitos establecidos.

No se puede dar lugar a promesas enga­ñosas. Las autoridades deben desenmas­carar e investigar a quienes, con prácti­cas irresponsables, ponen en riesgo a los adultos mayores, no solo desde el punto de vista económico, sino también en su salud y seguridad. Deben activarse todos los mecanismos necesarios para garantizar que ningún beneficiario de la pensión sea vulnerado en sus derechos.