La política nuestra ha sido contaminada con los más condenables vicios. En términos más sencillos, estamos hablando de conductas y costumbres reprobables que se ubican en extremos opuestos de la moral y la ética. Es lo contrario a la rectitud, a la voluntad de obrar de acuerdo con las normas que favorecen la construcción de una sociedad cimentada sobre la honestidad, el carácter y la virtud.
Es como si la única motivación para incursionar en esta actividad relacionada con el poder fuera la codicia. Ese deseo descontrolado, excesivo, casi desesperado, por acumular bienes materiales de manera insaciable. Pocos liderazgos se preocupan por la justicia social y el bien común.
Y diríamos, a juzgar por las evidencias, que cada vez son menos. Eso no implica que debamos renunciar a nuestra fe en el futuro, un futuro donde se imponga la grandeza de los estadistas que se ponen al servicio de la nación, y no al revés, como solía repetir el doctor Luis María Argaña, de cuyo asesinato, siendo vicepresidente de la República, se recordó un nuevo aniversario el pasado 23 de marzo.
Argaña fue un crítico implacable de los que él llamaba los “ladrones de guantes blancos”, los militantes de la “patria contratista” y las prácticas expoliadoras del neoliberalismo que empobrecen todavía más a las clases ya empobrecidas por estructuras que vulneran sus derechos y su legítima aspiración a una mejor calidad de vida.
Luis María Argaña fue presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado. No solo fue el último caudillo de su partido, en su acepción renovada y positiva, sino que, además, fue el último que se preocupó por promover un debate intelectual sobre la doctrina original del coloradismo, la que no podía mancillarse con las veleidades ideológicas de cada tiempo, definiendo a la centenaria asociación política, a la luz de sus programas, manifiestos y pensamientos de sus más destacados líderes, como de centro izquierda.
Tenía la idea clara sobre las funciones de las empresas privadas y el Estado. Las primeras eran necesarias para el desarrollo económico, y el segundo, era esencial para materializar la justicia social. Una justicia social que no podría concretarse con un Estado débil, ausente y disoluto, prisionero de la voracidad de los hombres a través de los poderes de turno.
Supo, también, diferenciar con meridiana claridad los roles de las autoridades partidarias y quienes llegaron al poder en representación de la Asociación Nacional Republicana. “Doctrinariamente –argumentaba–, el partido y el Gobierno son entidades absolutamente diferentes.
Por tanto, el coloradismo no concede cheques en blanco a los que gobiernan en su nombre, sino que tiene la obligación moral de ejercer la más lúcida crítica para enjuiciar a los que pretenden apartarlo de su línea doctrinaria”. Reivindicó los fundamentos éticos y morales de la política desde la autoridad de un liderazgo austero. Estaba a punto de convertirse en el presidente de la República que el Paraguay reclamaba, cuando un 23 de marzo de 1999 deciden terminar con su vida desde la cobardía de un atentado abominable.
El juicio político al entonces mandatario, ingeniero Raúl Cubas Grau, por la liberación irregular del general Lino César Oviedo, condenado por un intento de golpe de Estado, ya tenía los votos requeridos. Su destitución solo era cuestión de horas. Entonces, elucubran el macabro plan de asesinar al vicepresidente. Los responsables intelectuales –es un decir– del magnicidio sobrevaloraron su potencial de seguidores y menospreciaron la indignación popular.
Inmediatamente, las calles y las plazas ubicadas frente al Congreso de la Nación se llenaron de manifestantes que exigían la renuncia de Cubas Grau. La que finalmente se dio después de que una decena de jóvenes regaron con sangre el árbol de la libertad.
Alguien, alguna vez, escribió que las balas que impactaron en Argaña reventaron en el rostro de sus asesinos. Y así fue. Este auténtico representante del coloradismo histórico los derrotó incluso después de su muerte. En aquellos días de heroísmo y sacrificio, el pueblo paraguayo certificó que ya no había espacios para los autoritarismos en nuestro país.
Y, también, decretó el descrédito final de un diario que pretendió manipular el magnicidio para defender un nuevo proyecto dictatorial. Se le quemaron sus ínfulas de propietario de la verdad y de la opinión pública. El recuerdo de este mártir de la democracia paraguaya debe obligarnos a repensar la política desde la rectitud, la ética y la moral para que su muerte no haya sido en vano.