Las autoridades nacionales están decididas a disminuir la informa­lidad laboral y a hacer que mayor cantidad de trabajadores puedan verse amparados por las normas labora­les, como corresponde. Por eso el Insti­tuto de Previsión Social (IPS) y el Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) han dispuesto un nuevo sistema de inscripción de oficio de trabajadores que facilitará su inclusión en el sistema legal y disminuirá la gran cantidad de trabajado­res que están en la clandestinidad.

El Consejo del IPS ha emitido una resolu­ción que tendrá vigencia desde el 1 de abril venidero para que los trabajadores que no están registrados en el sistema legal sean incorporados en el seguro social de la ins­titución luego de las inspecciones que se hagan en las empresas y se encuentren en condición irregular.

Habitualmente las dependencias del orga­nismo realizan inspecciones en las empre­sas y lo novedoso es que, a partir del mes venidero, podrán inscribir de manera automática a los trabajadores que no están incluidos en el sistema legal si los encuen­tra en condiciones irregulares. En conse­cuencia, las fiscalizaciones que se reali­cen ya no serán solo trámites burocráticos sino que se traducirán en acciones severas para el cumplimiento efectivo de la ley con la incorporación de los trabajadores al sis­tema de seguridad social.

En la fiscalización de la empresa la inscrip­ción del trabajador se hará de oficio, sin trá­mite del empleador, cuando se constate que el empleado no está inscripto legalmente según las normas vigentes.

La inscripción incluirá el registro en el sis­tema de seguridad social, en la que se deter­minarán los aportes que deben realizarse y se generarán las planillas complementa­rias. A partir de la inscripción, se hará el cálculo de los aportes que se omitieron, se emitirán las planillas que correspondan y se podrán aplicar las multas y recargos según cada caso.

De acuerdo con las explicaciones de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, con el nuevo sistema se podrá lograr que una inspección laboral tenga consecuencias concretas en la incorporación de trabaja­dores al sistema de seguridad social. Esto responde a una línea de trabajo que se está impulsando desde el inicio de la actual ges­tión estatal, que está orientada a cerrar las brechas de informalidad y fortalecer la presencia del Estado en la protección de los trabajadores mediante el respeto de sus derechos.

La disposición que regirá próximamente establece que cuando en una fiscalización se pueda comprobar la existencia de traba­jadores no registrados y en situación anor­mal, el IPS podrá iniciar el proceso admi­nistrativo para inscribirlos según la ley. En la inscripción se determinará el importe de los aportes y la emisión de planillas com­plementarias. Esto, aunque el empleador no haya realizado previamente los trámites de rigor. Lo que quiere decir que se le obligará a dar cumplimiento de la ley que dispone la inscripción de los trabajadores en relación de dependencia.

Con el sistema que se pondrá en vigencia la formalización del empleo no se limitará a registrar una relación laboral, sino que se garantizará el cumplimiento de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la protección social una jubilación para el futuro. Mediante el nuevo sistema de for­malización el Paraguay podrá dejar de lado la vergonzosa situación de un país en que la mayoría de los trabajadores no es atendida según las leyes.

Un estudio realizado en el 2024 por el Cen­tro de Estudios Económicos (CEE) indi­caba que el 75 % de la población económi­camente activa no estaba asegurada al IPS, cifra que ha mejorado en los últimos años con la mayor incorporación de trabajadores al sistema de seguridad. Pero en la actuali­dad es todavía muy importante el porcen­taje de gente de trabajo que está marginada del cumplimiento de las leyes. Por ello las acciones que están realizando el IPS y el Ministerio de Trabajo marcarán el inicio de una nueva historia para la mayoría de las personas que laboran.

La medida dará un fuerte respaldo a gran parte de los más débiles de la sociedad que prestan importantes servicios en la activi­dad económica y no están protegidos por la aplicación efectiva de las normas legales. No se puede aceptar que en pleno siglo XXI sigan rigiendo las irregularidades y malos tratos de antaño, cuando el obrero era casi un esclavo. El trabajador debe ser tratado con toda dignidad, como corresponde a una sociedad civilizada.