La reforma de la ley de Caja Fiscal de jubilaciones está en plena dis­cusión en el ámbito legislativo. Existe la necesidad de aprobarla y ponerla en marcha lo antes posible para evitar que empeore la situación y garan­tizar debidamente la protección a las personas que están en edad de terminar la etapa laboral activa. Lo importante es trabajar por lograr una norma adecuada y que no cause daño a ningún sector de la ciudadanía por ventajas inapropiadas para algunos grupos. Lastimosamente, el sistema vigente no solo es altamente imperfecto sino que otorga ventajas que resultan cuestionables porque van en desmedro del equilibrio fiscal y tienen que ser soportadas por la ciudadanía a través de los impuestos que paga.

Como señaló el presidente Santiago Peña, la propuesta que se está estu­diando actualmente en el Congreso no resolverá la crisis financiera del sistema, pero es el comienzo del debate para hacer una reforma más general del sistema de seguridad social en nuestro país.

“Tenemos que seguir trabajando sobre una gran reforma a la seguridad social, donde la Caja Fiscal es una parte, por­que todavía tenemos que hablar sobre la sostenibilidad del Instituto de Previ­sión Social (IPS), donde aportan todos los trabajadores. Y después tenemos que discutir qué hacemos con ese 70 % de los paraguayos en edad de trabajar que no está aportando a ninguna jubilación”, resaltó el primer mandatario cuando fue preguntado por los periodistas sobre el tema. Agregó que se puede hacer una dis­cusión más amplia, para ver la sostenibi­lidad en el país, ya que la seguridad social es una parte importante en todos los paí­ses. “Lo que asegura la sostenibilidad de un país es la sostenibilidad de su sistema previsional”, explicó.

El mandatario reconoció con sinceridad que con la norma en estudio no se resol­verá todo el problema del déficit de la Caja Fiscal, pero, por fin, se está abor­dando el tema. “Por primera vez hay un gobierno que se anima a poner sobre la mesa tangiblemente con un proyecto de ley”, señaló.

El nuevo sistema que se apruebe para la Caja Fiscal debe contemplar la solu­ción de las principales dificultades que se tienen en la actualidad. El problema más grave es que con lo poco que apor­tan algunos sectores, como los docentes, las fuerzas militares y policiales no es posible financiar los beneficios que se les están dando, que se cubren con los ingre­sos fiscales, que tienen otros fines presu­puestarios.

Por lo que urge aumentar la contribución de los afectados y hacer que puedan acce­der a la jubilación con más años de trabajo y de aportes, que es el principal problema que se tiene, dado que los involucrados prefieren no eliminar sus privilegios inde­bidos en desmedro de la justicia social y el equilibrio fiscal que se requiere.

De acuerdo con las circunstancias actua­les, hay que admitir que la decisión final que se adopte en el Poder Legislativo no será la solución absoluta del problema de las jubilaciones estatales. Pero se dará un paso importante hacia la resolución de los inconvenientes del momento, que deberían encararse de nuevo dentro de algunos años, cuando las medidas toma­das en la actualidad hayan terminado su utilidad.

En ese sentido, todo lo que se haga para mejorar el equilibrio de la Caja Fiscal tiene que ser bienvenido y contar con el apoyo de la ciudadanía. Por lo que aque­llos sectores que tienen en la actuali­dad ventajas exageradas, que se consi­deran inadecuadas, deben convencerse de que hay que buscar el equilibrio, que será fundamental para el buen funciona­miento del sistema jubilatorio.

La semana que comienza será clave para ir resolviendo algunos de los principales puntos de la controversia existente y se pueda encontrar una solución adecuada y aceptable. La lógica y el buen sentido tienen que ayudar a que los legisladores y técnicos que analizan el tema encuen­tren la respuesta más conveniente para la mayoría de los ciudadanos, sin privile­gios para ningún grupo social o político. Y para ello es fundamental eliminar lo injusto y caminar hacia posiciones más sensatas que se están mostrando como las soluciones adecuadas.

Los sectores hasta ahora privilegiados tienen que aceptar una salida que busque eliminar las concesiones especiales que tienen para encontrar un mayor equili­brio a fin de conseguir una situación más justa y saludable para todos.