Ante la posibilidad de que en algu­nos departamentos y sectores de la sociedad se esté utilizando el Programa Hambre Cero en las Escuelas para propósitos netamente políticos partidarios, sin importar el fin de alimentar a los escolares, se están tomando algunas medidas para corregir esa anormalidad. Porque el único fin que se persigue con el plan es darles la nutri­ción adecuada a los escolares del sec­tor público para mejorar su rendimiento y preservar su continuidad académica. Todo lo que lo impida o desnaturalice debe ser arrancado de raíz, sin ningún tipo de contemplación.

Una de las decisiones que se acaba de adoptar en la cumbre política es la modi­ficación de la Ley del Fondo Nacional de Alimentación Escolar para que el manejo de la administración del programa garan­tice la alimentación de los niños y no se desvíe hacia algunos intereses que no tie­nen en cuenta la prioridad fundamental, que son los niños que van a las escuelas estatales.

En su última sesión, la Cámara de Sena­dores decidió que la administración de los fondos del programa Hambre Cero en las Escuelas destinados a algunas gober­naciones quedarán a cargo del Ministe­rio de Desarrollo Social (MDS), que es el principal organismo estatal responsable del mismo. Esto a raíz de ciertos manejos realizados por algunas gobernaciones que ponen en duda el buen uso de los recursos monetarios destinados a la adquisición de los alimentos infantiles. Habitualmente, en los diferentes departamentos del país, son las gobernaciones las que se encar­gan de administrar localmente los fon­dos para la compra y distribución de las comidas que se sirven a los alumnos de las escuelas públicas.

Si el propósito de los senadores que vota­ron la modificación de la ley es preservar la correcta utilización del dinero desti­nado a Hambre Cero en las Escuelas, tie­nen que recibir el apoyo de los miembros de la Cámara de Diputados, que estu­diará próximamente el proyecto. Y, ade­más, tendría que conseguir el respaldo de toda la ciudadanía, que está pendiente de la buena utilización de los recursos para garantizar la alimentación de los niños.

Como afirmó uno de los legisladores, con la mencionada modificación de la ley se busca equilibrar el poder y proteger el presupuesto estatal que en su momento lo aprobó el Congreso. También se pre­tende darle mayor responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual debe contar con la autoridad y capa­cidad que sean necesarias a fin de mane­jar de manera transparente los recursos públicos.

Lo que se busca con el programa Ham­bre Cero en las Escuelas es mejorar de manera sustancial los índices de seguri­dad alimentaria y nutrición de los escola­res. Esto además de estimular el aumento de la asistencia a las clases. Por ello el plan es servir la totalidad del almuerzo, el desayuno y la merienda a los chicos que cursan hasta el noveno grado de la escuela.

Con la aplicación del programa se sirve desayuno y almuerzo a los alumnos del turno de la mañana. A los del turno de la tarde se les ofrece almuerzo y merienda, en tanto que a los del turno de la noche se les provee una colación.

El plan alimentario escolar se inició por segundo año consecutivo en todas las escuelas públicas del país con el comienzo de las clases el pasado 23 de febrero. Una primera experiencia se había realizado parcialmente a fines de julio de 2024 en algunos departamentos y en la capital, cosa que se llegó a extender a todas las ins­tituciones estatales en febrero de 2025.

El administrador del proyecto es el Ministe­rio de Desarrollo Social, que colabora de ese modo con el Ministerio de Educación y Cien­cias, que es la entidad regidora de las escuelas y colegios del país. Hambre Cero en las Escue­las es el programa de mayor relevancia social y económica que, por su importancia nacio­nal, se convierte en uno de los ejes políticos más significativos del Gobierno. Y constituye uno de los mayores aciertos de la administra­ción actual.

Por todo ello no se puede permitir que algunos políticos quieran aprovecharse del programa y de los fondos monetarios para sus fines partidarios y personales, como se ha detectado en algunos puntos del país. La clase política consciente tiene que adoptar todas las decisiones nece­sarias para impedir que los niños sufran por culpa de los inescrupulosos.