Una sociedad democrática­mente madura piensa más allá de los liderazgos políticos coyunturales. De los cerra­dos fanatismos y los egoísmos excluyen­tes. Supera con ánimo de grandeza los discursos cargados de odios y resen­timientos, para instalar un lenguaje que contribuya a la construcción de un futuro compartido, sin anular la diver­sidad ni las naturales diferencias. Se trata de administrar las crisis y los con­flictos con intención de resolverlos y no para utilizarlos como armas en contra de los adversarios. Y, consecuentemente, la clase política reflexiona y actúa por encima de sus cerrados intereses para dedicar sus esfuerzos a la búsqueda incesante del bien común, es decir, el bienestar general a partir de un Estado servidor del pueblo libre, garante de la libertad y de la justicia social.

Un Estado que sea capaz de allanar el camino hacia el progreso individual y colectivo derri­bando injustas y perversas estructu­ras que sabotean el derecho a una vida de mejor calidad de todos los habitan­tes de un país. Parece tan simple de comprender. Y beneficioso para todos, incluso para aquellos que transitan por la otra vereda en su condición de oposi­tores a un determinado gobierno. Pero de manera alguna debe entenderse que para la concreción de esas condiciones necesarias para el crecimiento econó­mico equitativo y el desarrollo humano sostenido habría que transigir ante la deshonestidad y ser tolerantes con la corrupción. Eso sería condenar a nuestra sociedad a la anomia o desintegración moral, sin reglas ni normas que respetar.

Lo complicado resulta poner en práctica este imprescindible manual de conviven­cia a raíz de unos espíritus que no logran desarmar su belicosidad y que no conocen otra estrategia política que la confronta­ción permanente de manera de desgas­tar y anular al contendor por la vía rápida de la impugnación infame, la propaganda inmoral y el relato sesgado de la realidad para manipularla en propio beneficio, en un innegable atentado contra la ética y sinceridad intelectual.

No se razona, se actúa desplegando las pasiones más bajas y atávicos instintos de destrucción, la eli­minación del otro mediante gigantescas campañas de repetidas mentiras y bien calculadas distorsiones de los hechos –incluso de aquellos que pueden compro­barse fácilmente– con la vileza de quie­nes aspiran el poder sin considerar los medios ni medir las consecuencias para los demás.

Como el camino escogido está pavimen­tado de torcidas intenciones, una vez en el poder se dedican a lo que mejor saben: aprovecharse de los recursos del Tesoro desviándolos hacia sus dominios parti­culares, engordando, de paso, a familia­res y a su entorno más inmediato. Ese desmadre en la cúpula habilita directa­mente a los demás funcionarios, incluso a los del más bajo nivel, a proceder con el mismo comportamiento, es decir, desa­tar una descarada carrera de corrupción cultivada y abonada por un alto grado de impunidad.

Entre la descripción ideal que pintamos al inicio de nuestro editorial y la situa­ción real que acabamos de enumerar se abre un territorio propicio para oportu­nistas, acomodados y cínicos, quienes sin la menor vergüenza pueden cambiar de discurso y de posición con mayor celeri­dad que sus cotidianas vestimentas. Son los mercenarios de la política que se pre­sentan con la aureola de los redentores de la patria, cuando que son los responsables sin atenuantes de la caótica situación eco­nómica y social que hemos heredado de la anterior administración, la que tuvo en el Poder Ejecutivo a Mario Abdo Benítez, rodeado de una larga lista de delincuentes que secuestraron al Estado durante los trágicos días de la pandemia ocasionada por el covid-19 para dedicarse al despil­farro, el latrocinio y el alevoso desvío de los préstamos que fueron contraídos para mitigar el dolor de nuestro pueblo y que concluyó con el desgraciado número de 20.000 fallecidos. Muertes, seguiremos repitiendo hasta el hartazgo, que pudie­ron ser evitadas con honestidad, patrio­tismo, empatía y sensibilidad humana.

Como el manto del crimen sin castigo les sigue protegiendo, actualmente se consi­deran aptos para pontificar sobre hon­radez administrativa y gestión eficaz, cuando que fueron el mayor desastre, especialmente en materia de corrupción, de toda la transición democrática. Esta­mos convencidos de que el largo brazo de la Justicia alguna vez hará su trabajo correctamente. Nada es para siempre. Ni las mentiras, ni la hipocresía, ni la impu­nidad. Ni los fariseos que hoy pretenden vestirse de santos.