Las fuerzas públicas de defensa harán frente de manera directa a los grupos criminales que están realizando algunas operaciones delictivas y amenazan a varias regiones. Para ello, el Gobierno decidió la utiliza­ción de las unidades militares en los catorce departamentos de la región Oriental del país, tarea que anteriormente estaba res­tringida solo a algunas zonas determina­das. De ese modo, se quiere garantizar la paz pública y dar la respuesta adecuada a las amenazas criminales que se ciernen sobre ciertas zonas de la geografía nacional, sin dilación alguna.

De acuerdo con la experiencia que se ha ganado en la historia reciente del país, al crimen, al delito y sus propagadores se enfrenta de una sola manera efectiva: con la fuerza, las armas y los combatientes entre­nados para el efecto, dentro del marco de las normas legales. Para conocimiento de la gente, el presidente de la República, San­tiago Peña, ha señalado de manera con­tundente en las redes sociales: “La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”.

Con el fin de reglamentar la operación de los uniformados, el Poder Ejecutivo pro­mulgó el decreto correspondiente en que delimita la tarea a realizar. Hasta ahora, los Comandos de Operaciones de Defensa Interna (CODI) solo podían cubrir las ope­raciones que se realizan en siete departa­mentos de la región Oriental, cosa que, con el nuevo decreto, se extiende ahora a las demás jurisdicciones departamentales de la referida área geográfica.

Según explicó el ministro de Defensa, Óscar González, con la nueva decisión estatal las Fuerzas Armadas no solo tienen un ámbito geográ­fico más amplio, sino también la posibilidad de emplear armas y elementos de combate especiales, como equipos de defensa para ataques.

Aclaró que lo que se está haciendo no significa militarizar el territorio afec­tado, pues esa posibilidad no se está con­templando, ya que implica otra situación. Militarizar una zona significaría nombrar a un comandante de plaza y que ese jefe pueda realizar las operaciones sin tener en cuenta a ningún otro organismo del Estado.

Se debe recordar que el Comando de Ope­raciones de Defensa Interna tiene limita­ciones legales estrictas para su funciona­miento. Solo puede actuar según lo que dispone la Fuerza de Tarea Conjunta, enti­dad que se moviliza de acuerdo a la autori­zación del Poder Judicial y con el control del Ministerio Público. Antes del decreto men­cionado, solo siete departamentos estaban autorizados a activar efectivos castrenses.

La movilización de las Fuerzas Armadas es una decisión muy acertada que tomó el Poder Ejecutivo. Con esa disposición no solo se podrá frenar a los criminales orga­nizados, que tienen gran poder de fuego. Sobre todo, se podrá garantizar que en los territorios mencionados habrá suficiente seguridad física para que la gente pueda trabajar, movilizarse y actuar diariamente de acuerdo a sus necesidades.

Voceros del Gobierno señalaron que la medida adoptada no significa que habrá efectivos militares desplegados en las calles, lugares públicos ni nada por el estilo. Los mismos solo actuarán en los lugares y momentos que sean requeridos según las necesidades de la coyuntura. La autoriza­ción de movilizarse es solo para que puedan realizar sus actividades en casos especiales, lo que era imposible legalmente sin la dis­posición especial que se adoptó.

Las entidades estatales que se dedican a la inteligencia de los militares, de la poli­cía, de los antinarcóticos y demás fuerzas del Gobierno se encargarán de definir los grupos criminales contra los cuales deben actuar las unidades militares. Porque, como dijo el alto jefe al frente de la cartera de Defensa, la idea es actuar de manera con­junta para dar tranquilidad y seguridad a toda la ciudadanía. Las autoridades entien­den que solo de ese modo se puede operar con éxito para obtener los resultados que se necesitan.

Aunque algunos sectores consideraron exa­gerada la actitud del Gobierno de recurrir a los militares para la operación que se está realizando, la experiencia demuestra que no que hay que dar tiempo para que crezcan los sectores criminales sin que se los reprima. Es mejor actuar con toda la fuerza necesaria ante los primeros síntomas de un problema que esperar que se agrande el obstáculo y se magnifiquen sus consecuencias.

La medida adoptada por el Poder Ejecu­tivo es la mejor garantía para que todos los habitantes de nuestro país puedan seguir su trabajo, sus planes y proyectos con nor­malidad.