Pocas medidas son tan beneficio­sas para la gente desde las finanzas públicas que la convergencia fiscal, entendida como la reducción y con­trol del déficit fiscal con relación al producto interno bruto (PIB).

De modo de comprender mejor este hecho que con afán se busca en todos los países, es preciso hacer definiciones de principios.

Cuando hacemos referencia a la convergen­cia fiscal en beneficio de la población esta­mos refiriéndonos en el caso de nuestro país al retorno establecido en la Ley de Respon­sabilidad Fiscal aprobado en el año 2013. Consiste en disponer de recursos genuinos en el gasto público mediante el pago de los impuestos proveídos por los contribuyentes, sin tener que apelar a más gastos que ingre­sos. Hay una barrera. Y en nuestro país se estableció por ley el 1,5 por ciento del déficit tomando como referencia el PIB.

Como se podrá notar, la convergencia fiscal es un proceso de toma de decisiones logrado con prudencia y firmeza. Esto debe ser así para que no exista un abrupto faltante de recursos en sectores que no pueden dejar de funcionar sin los fondos necesarios.

La convergencia fiscal, y para dejarlo bien en claro, es un ajuste sin sobresaltos del Estado para bien de la gente. No se trata de dismi­nuir las disponibilidades de dinero de las personas, familias y empresas. Se trata de que el dinero conseguido por el esfuerzo de la población le sean correspondidos sin afec­tar sus ahorros e inversiones.

Todo ello implica, además, alinear la postura fiscal de ingresos, gastos y deuda pública, cumpliendo con los compromisos contraí­dos, como también evitar déficits que van más allá de lo que dice la Ley de Respon­sabilidad Fiscal. Por cierto, la mencionada legislación en su momento fue sumamente elogiada en ámbitos internacionales y lo llevamos a cabo aquí en Paraguay (y esto último va para los agoreros del pasado y pesi­mistas del infortunio).

Transcurrieron cinco años que no se logra la convergencia fiscal en nuestras cuentas públicas y el gobierno actual lo va realizando de una manera correcta de modo de no afec­tar los niveles de inversión, asegurando la dinamización y el crecimiento de la econo­mía. Esos son los motivos, entre otros, que llevaron al Poder Ejecutivo en su reciente presentación del Proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2026, documento político económico más importante luego de la Constitución Nacional. Se ha priorizado la asignación eficiente de los recursos, otor­gando atención a la convergencia fiscal.

A tenor de lo expresado consideramos que la administración del presidente Peña viene logrando este objetivo (reducir el déficit de acuerdo a la ley) apetecido en todos los paí­ses y la prueba de ello está en el presupuesto general del año que viene.

El presidente Peña, en efecto, dijo que el retorno a la Ley de Responsabilidad Fiscal establecido en el presupuesto 2026 es –al final de cuentas– una responsabilidad hacia las futuras generaciones, puesto que el orden en las cuentas públicas, junto con la esta­bilidad de las variables propias a cargo del Estado, propician el crecimiento de la eco­nomía.

Si el país desea aumentar los ingresos de la población, crear empleos y permitir mejo­res oportunidades, la convergencia fis­cal lograda en estos dos años por parte del Gobierno es una apuesta hacia la dirección correcta. Se está mirando el futuro. Es lo que con acierto afirmó el presidente Peña cuando dijo que la estabilidad y el creci­miento son un reaseguro para las generacio­nes más jóvenes.

Son muy interesantes estas afirmaciones del primer mandatario. Primero, porque no solo las dice, sino que las cumple. Y, segundo, porque la tentación de gastar mucho más de lo que se recauda es muy fuerte última­mente en muchos países. Todavía se cree que el exceso de gasto público puede generar un boom económico por la mayor disponibili­dad de dinero; pero, como se sabe, eso no es cierto y cualquier auge será a corto plazo y de graves consecuencias.

Si la ciudadanía desea saber si un gobierno es o no responsable con los recursos que admi­nistra –recursos provenientes de las perso­nas, familias y empresas– pues un modo de darse una respuesta es si el gasto público se eleva sin correspondencia con la economía para ganarse la adhesión de ciertos sectores generando mayor déficit fiscal.

La respuesta la tenemos. A la fecha, el Gobierno está bajando el déficit mediante el retorno a la convergencia fiscal, ajustando al Estado en beneficio de la gente.