La lucha contra la corrupción y la necesidad de combatirla con todas las armas para alcanzar la legali­dad y normalizar la vida del país con la vigencia plena de las leyes es una tarea descomunal. Es una misión en la que se ha avanzado mucho en los últimos tiem­pos, pero que tienen todavía rémoras que hay que seguir enfrentando con decisión para alcanzar lo deseado.

La formalización de la actividad econó­mica ha tenido un fuerte avance en los últimos años, sobre todo en los lugares en que el Estado ejerce el control de las activi­dades a través de sus organismos especia­lizados. Pero persisten sitios donde hasta ahora el cumplimiento de la ley no se pro­duce como debería, como en algunas zonas fronterizas y puntos en los que no penetra el control estatal, incluso en algunos sitios de la capital. La informalidad ocupa toda­vía un alto porcentaje de la actividad eco­nómica, en sus más diversas modalidades.

Por eso uno de los trabajos fundamentales es avanzar contra la ilegalidad mediante la concientización legal en los más diversos sectores de la sociedad paraguaya. Hacer que el estricto cumplimiento de las nor­mas jurídicas sea uno de los principales propósitos de las instituciones estatales y forme parte de la actuación de las entida­des privadas.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP), uno de los gremios privados de mayor peso en el país, ha salido a pronunciarse señalando que la formalidad en la actividad econó­mica es fundamental para sostener el cre­cimiento del país.

El pronunciamiento parece haber sido impulsado por una discusión entre un legislador y el responsable de las recauda­ciones impositivas. Surge en un momento muy oportuno, porque nunca está demás insistir en la necesidad de cumplir las leyes del país, en todos los puntos geográ­ficos y áreas de la actividad productiva y comercial de la nación.

El gremio fabril señaló en su comunicado que los controles de los organismos esta­tales se deben realizar sin excepciones de ninguna laya, ni presiones, a fin de garan­tizar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, tributarias, ambientales, labo­rales y comerciales en todo el territorio de la República.

Nadie en su sano juicio se podría oponer a este pedido fundamental, aunque los delincuentes y sus cómplices no estén de acuerdo. Porque ir contra la ley y oponerse a observar las normas legales es solo tarea de los que delinquen, con los más diferen­tes nombres que tengan y ocupen los más diversos sitios en la sociedad.

En su escrito, el sector fabril resaltó que este tipo de procedimientos son necesa­rios para asegurar un mercado competi­tivo y justo. Refirió que estas medidas si se aplican con criterios de proporcionalidad y gradualidad, “deben entenderse como un fin no solamente recaudatorio, sino como un instrumento para ordenar el mercado, fortalecer la institucionalidad y consoli­dar la confianza país, contribuyendo así a sostener la condición de grado de inver­sión que hemos alcanzado”.

Nada es más oportuno que esta declara­ción de los empresarios, pues actualmente la lucha contra la informalidad requiere el apoyo de todos los sectores de la vida nacional. Porque el no cumplimiento de las normas impositivas como manifesta­ción de la ilegalidad es una de las prin­cipales expresiones de la corrupción. Y no cualquier corrupción, sino la máxima expresión de la deshonestidad y podre­dumbre que pone en vilo a la democracia y el estado de derecho.

Por eso todos los sectores de la comuni­dad nacional, sean simples ciudadanos, como altos representantes, miembros de los poderes del Estado, y exponentes de la actividad económica están obligados a tomar conciencia de la importancia de cumplir las leyes y a sumarse a practicar la legalidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Ejercer el cumplimiento de las normas legales no depende del humor o del interés de los individuos o grupos sociales es una obligación ineludible y fundamen­tal que surge de la condición de pertenecer a una sociedad, como ser humano y miem­bro de una comunidad de personas.

Por ello toda la sociedad debe ejercer la formalidad requerida por las normas, para que el crecimiento de la economía vaya en beneficio de todos los sectores y miembros de la colectividad que viven en el Paraguay.

Derrotar la informalidad es un triunfo que llevará a disfrutar la satisfacción de vivir en una sociedad en que rigen las leyes, la integridad y la honradez.