Por medio de la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públicas (DNCP), el Estado estrenó una importante herramienta legal en el mejoramiento de las compras y pro­cesos licitatorios de todas las institucio­nes dependientes directamente del pre­supuesto general de gastos, que incluye en su aplicación a los organismos autár­quicos y multilaterales que gestionen adquisiciones para el sector público. La normativa implica un paso muy impor­tante que puede resultar sustancial­mente positivo para el ámbito de las lici­taciones y en el blindaje del patrimonio estatal que debe implementarse con todo el rigor que amerita.

La nueva norma entró en vigor hace una semana, aproximadamente, con la Ley 7021/2022, que fuera reglamentada en agosto pasado mediante decreto presi­dencial n.º 9823/2023 y por la cual rigen las disposiciones en el suministro y con­trataciones públicas que regula el Sis­tema Nacional de Suministro Público (SNSP).

La mencionada legislación reemplaza a la Ley 205/03 y viene a cubrir esas lagunas, debilidades que lastimosamente fueron aprovechadas por funcionarios, políti­cos y autoridades desleales a los intereses del Estado y que generaron escándalos en diferentes instituciones públicas con casos de corrupción en licitaciones.

El volumen de las compras públicas es bastante jugoso. Implica movimiento de unos G. 25 billones en negocios estata­les, cifra correspondiente al período 2023 y que anualmente viene aumentando, según el historial que maneja la DNCP.

Era pertinente y además urgente contar con una normativa que vele de manera más rigurosa, efectiva, por los llama­dos como los procesos, considerando las denuncias de direccionamiento, sobre­precios, mala calidad, presuntos hechos de tráfico de influencias, etc., en torno a las licitaciones públicas. En años de pan­demia por el covid-19 hicieron mucho daño al país con maquiavélicas manio­bras en las compras del Estado, al punto de sacrificar insumos sanitarios que eran de mucha urgencia para salvar vidas.

Entre las novedades que introduce la ley están por ejemplo las limitaciones y pro­hibiciones para contratar para las autori­dades y funcionarios públicos que incluye a parientes y familia política citando a cónyuges, hijos, nietos, abuelos, suegros, hermanos, cuñados. Esta disposición es clave ya que incorpora por primera vez la exigencia de la transparencia de la com­posición empresarial de los proveedores con la publicación de escrituras socie­tarias y nómina de beneficiarios, que no solo representa un filtro para los amigos del poder, altos funcionarios, sino que es un mecanismo para mantener al margen a firmas de maletín.

La identificación de los funcionarios involucrados en el proceso de adquisición de modo de individualizar responsabi­lidades es una estrategia esperanzadora para que los avivados no amañen licita­ciones en detrimento del interés público. Así también, la reserva de mercado para compras de menor cuantía es una intere­sante oportunidad para las dinamizado­ras mipymes que mueven la economía en diferentes niveles y sectores de la pobla­ción.

La exigencia de capacitaciones para los funcionarios asignados en las diferentes unidades de compras también es un indi­cador de la búsqueda de mayor competiti­vidad en las licitaciones con la nueva ley. Sumada a la transparencia de publica­ción de llamados por parte de organismos multilaterales que gestionan procesos, la normativa refleja una garantía inte­resante en la eficiencia de las compras públicas que merece un compromiso en el cumplimiento de quienes administran recursos provenientes del bolsillo de los contribuyentes, préstamos a costa de la ciudadanía u otros fondos.

La DNCP y el Gobierno en conjunto no deben dar tregua en el cumplimiento de la nueva normativa en el suministro público y con todo el peso de la ley a los que la vulneren. Se han generado dema­siados perjuicios a lo largo de los años al Estado con administraciones rapiñeras, que en detrimento de las leyes o aprove­chando lagunas legales han abusado de atribuciones para meter la mano al bolsi­llo de los contribuyentes.

Este gobierno tiene un enorme desafío y una responsabilidad gigantesca de que no se repitan groseros robos en el ámbito de las contrataciones públicas, de lo contra­rio, la nueva ley será otra utopía reducida simplemente a los papeles y seguiremos lamentando los efectos de la desidia e indiferencia del poder.