En un evidente afán de incidentar el proceso, el ex oficialista y hoy acérrimo opositor (por obra y gracia del transfuguismo) HUGO VELÁZQUEZ, presidente de la Cámara de Diputados, suspendió esta semana las audiencias públicas, vitales para el proceso de elección del nuevo fiscal general del Estado con un poco creíble argumento sobre que la sala de audiencias está en proceso de mantenimiento.

Un argumento, por cierto, que solo se puede creer desde la estupidez absoluta, en tanto –por el volumen de personas que acuden tales audiencias– podría realizarse en cualquiera de los múltiples sitios del edificio con sillas, una mesa y un sistema de audio mínimamente.

Pero aún es más estúpido el argumento si se tiene en cuenta que Velázquez ha suspendido el proceso de designación de un nuevo fiscal general del Estado como si en toda la República no existiera otro sitio para desarrollar tales audiencias, que bien podrían hacerse en un centenar de lugares sin modificar en nada su sentido.

Una grave responsabilidad asociada en este tema lo tiene el propio Consejo de la Magistratura, algunos de cuyos miembros, como Julio Javier Ríos, actúan como vulgares escuderos de Velázquez, al asumir mansamente este argumento y suspender las audiencias, lo cual es una bofetada para la ciudadanía.

Lo que debía hacer el Consejo de la Magistratura es cambiar de inmediato el local de las audiencias y seguir haciéndolas sin interrupciones porque al quedar durmiendo la siesta ante la caprichosa maniobra de Velázquez lo que está generando es un atraso lamentable en el calendario constitucional que determina la designación de un nuevo responsable principal para el Ministerio Público.

El Consejo de la Magistratura también deberá dar explicaciones sobre por qué se suspendió un proceso de audiencias públicas solo porque –supuestamente– un micrófono de la sala de audiencias de Diputados está fallando o algún problema similar que pueda ser pasible de "mantenimiento. El mismo Consejo debería explicar por qué un plan de mantenimiento de la Cámara de Diputados, que podría entenderse como un procedimiento programado, no se encontraba previsto y con alternativas en otro recinto.

Y finalmente debería tratar de explicar por qué una situación llevará una semana o más, salvo que –definitivamente– desee correr el riesgo de ser parte cómplice de un plan de incidentar el proceso.

En tanto y en cuanto las instituciones democráticas de nuestro país sigan en manos de la politiquería que no termina de enterarse que es mandataria y no mandona, en tanto la ética de los personajes de nuestra política siga averiada y consideren que la institucionalidad vale menos que los intereses sectarios a los que van perteneciendo hoy en una vereda y mañana en otra, la salud de nuestra democracia siempre estará afectada y siempre, cada vez que existan reacomodos y sucesivos transfuguismos se resentirán las instituciones.

La Cámara de Diputados debe debatir este tema y por sobre todo su presidente Hugo Velazquez debe asumir una postura de seriedad al respecto de un itinerario –ya de por si complicado– que no puede modificarse a su voluntad como es el proceso de elección de un nuevo fiscal general del Estado.

No puede comportarse como un niño pendenciero que recoge la pelota –que siquiera es suya– y se va, frustrando un juego que es fundamental para el orden constitucional de la República.