Entre los muchos artículos contundentemente claros de la Constitución Nacional está el 201, que establece que "los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos".

Breve y conciso. No establece excepciones, explicaciones ni deja lugar a interpretación alguna. Para los legisladores, no hay mandato imperativo alguno. Se expresan y votan a voluntad.

Por eso resulta, más que torpe y absurda, ridícula, la posición del presidente del partido Liberal Radical, Efraín Alegre, de pretender rechazar, es decir, desobedecer el fallo de la Corte que ha ratificado una vez más la inconstitucionalidad del mandato imperativo que anula la pretensión de un sector del partido de sancionar a legisladores liberales por haber votado a conciencia, a voluntad, en contra de un inválido mandato partidario que pretendía obligarles a acatar el prohibido constitucionalmente "mandato imperativo".

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Más ridículo aún es el argumento del dirigente al afirmar que sean unos "ministros cartistas" los que establezcan la línea política del partido. Ridícula porque ya la Justicia Electoral ha ratificado, en caso contra el Partido Colorado que el mandato imperativo no marcha. Por esa razón el liberal con un principio tan antiliberal como imponer el mandato imperativo, un tanto desorbitado por, sacarse a unos cuantos dirigentes importantes de su partido de la puja electoral, en su desesperación electoralista, "tanteó a la Corte", donde obviamente rebotó una vez más.

Ha sido un tema bastante debatido y definido; pese a las trifulcas partidarias, hasta ahora ha imperado la letra clara de la Constitución: los legisladores no están sujetos a mandatos imperativos.

Es decir, que el político que basó hasta ahora su campaña en declarar inconstitucional la "enmienda", así como en encabezar la demolición del Congreso Nacional, pretende ahora violar un mandato constitucional, y pretende apropiarse de la interpretación de la Constitución, atropellando al tribunal establecido por la Constitución como intérprete de la misma, es decir, que viola la Constitución por partida doble sin escandalizarse, siempre y cuando el violador sea él o su directiva sectaria.

Y con el agravante que ni él ni sus partidarios movieron un dedo en pro de la constitucional salida de impulsar el juicio político a los miembros de la Corte, a los que ha descalificado verbalmente, sin ninguna acción concreta ni ninguna argumentación fundamentada y mínimamente cuerda en la instancia correspondiente, el Congreso Nacional, aún en ruinas edilicias por el atropello violento y saqueador que encabezaron él y otros dirigentes políticos.

Con estas acciones y declaraciones, Efraín Alegre acaba de autoproclamarse aprendiz de dictador, por la vía de declararse dueño absoluto e intérprete único de la Constitución Nacional.

De hoy en más los ministros de la Corte deberían someterse a los mandatos de él y de su cúpula partidaria, o, como ya ha anunciado, no acatar ni la letra de la Constitución ni las decisiones de la Corte Suprema. Es decir, "el Estado es él".

Delirios aparte, que son temas para el diván, para el psicoanálisis más que para el análisis político, vale la pena que los liberales se planteen, como parece que ya hicieron a los disidentes, que Efraín pretende desterrar como en los tiempos de la dictadura, qué esperanzas puede tener el partido fracturado, sin posibilidades de plantearse alianza, salvo bajo la batuta del nuevo Luis XIV de la política carpera.

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