La industria tabacalera nacional tiene un fuerte impacto económico y laboral en el país, considerando que actualmente 3.700 personas trabajan en una de las casi 20 firmas nucleadas en la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP), la mayoría asentada en la zona del Alto Paraná. A esto se suma que este sector fabril aporta unos 6,6 millones de dólares americanos anuales solamente al Instituto de Previsión Social (IPS), a lo que se debe agregar el pago de impuestos por año.

El Congreso Nacional se apresta precisamente al estudio de un proyecto de ley que puede afectar a una veintena de plantas fabriles que cumplen con las leyes laborales, realizan un gran aporte social a nivel nacional y paga sus impuestos al fisco con regularidad. Este tratamiento se da en un momento en que los partidos políticos y movimientos representados en el Poder Legislativo tienen fuertes intereses electoralistas, inclusive económicos, personales y políticos, lo que puede resultar dañino para la industria tabacalera.

Una importante cadena productiva también se ve involucrada en la industria tabacalera, que guarda relación con miles de familias agricultoras dedicados al cultivo y cosecha del tabaco, principalmente en la zona norte del país. El proceso productivo para la obtención de cigarrillos implica a muchísimas otras firmas y personas, como la industrialización y la distribución, así como la incorporación permanente de tecnología y equipos de laboratorios para el control de calidad.

El bloque de oposición liderado por el conglomerado político encabezado por Fernando Lugo, actual presidente del Congreso, plantea una "reconversión" como solución a los casi 4.000 empleados que podrían quedar sin sus puestos de trabajo en los próximos meses, de prosperar el polémico proyecto de ley.

La propuesta legislativa apunta a un aumento en el impuesto al tabaco y la creación de un arancel específico a la comercialización de cigarrillos, con el argumento de que la recaudación se destinará a salud y educación, entre otros sectores.

Con el respaldo de la bancadas de la disidencia colorada, del Partido Democrático Progresista (PDP) y de liberales efrainistas, los senadores buscan aprobar, a tambor batiente, el nuevo impuesto al tabaco.

PARA UTP ES UN PROYECTO ABUSIVO

Para los directivos de firmas tabacaleras del país, se trata de un proyecto abusivo, puesto que consideran que con una carga impositiva producto de la revancha de un sector político, se perjudicará a la industria tabacalera, que ocupa el segundo lugar entre los grandes contribuyentes del Estado. José Ortiz, titular de la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP) y presidente de Tabacalera del Este (Tabesa), asegura que la intención de los parlamentarios es la destrucción de las empresas del sector, alegando que el arancel supuestamente irá para el comprador y no para el productor.

En declaraciones a la 970 AM, José Ortiz se refirió en duros términos a la intención que hay detrás de elevar la tasa impositiva actual que rinden las empresas tabacaleras. Dijo que detrás de este propósito lo que existe es una voluntad de acabar con un sector de la industria paraguaya que más recauda en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

A pesar de dar miles de puestos de trabajo y de ser uno de los rubros más importantes que aportan al fisco, algunos buscan la desaparición de la industria. "Frente Guasu quieren destruir el sector tabacalero", recalcó el empresario.

Asimismo, acusó a la senadora Esperanza Martínez, que promueve el proyecto, de buscar ese fin. "Esta señora (Esperanza Martínez) tiene una intención nefasta de destruir el sector", mencionó Ortiz.

Recordó que durante una audiencia llevada a cabo en una comisión del Senado y que contó con la participación de tabacaleros, Esperanza Martínez habló del Lava Jato brasileño y el contrabando de cigarrillos. "Yo no entendí si ella era una senadora paraguaya o brasileña", cuestionó el tabacalero.

Lamentó que la coalición que lidera Lugo impulse proyectos que en su concepción se contradicen, ya que primero alegan que fue creada para ampliar la asistencia de salud para los pacientes de enfermedades relacionadas al tabaquismo, y luego declaran que se busca reconvertir al sector.

LO QUE HABRÍA DETRÁS

Lo que más preocupa a los industriales de este sector es que, de prosperar la idea del grupo de Esperanza Martínez, en primer lugar esos casi 4.000 empleos podrían perderse, con otras consecuencias aún más impactantes para el Estado, como por ejemplo, la reducción drástica de la recaudación impositiva, el peligro de que la industria formal sea reemplazada por la informal y que finalmente un producto como la marihuana cueste menos que el cigarrillo.

Existen fuertes sospechas de que este tipo de iniciativas conlleva precisamente un "plan siniestro detrás", en el sentido de destruir la industria tabacalera formal para dar paso a organizaciones clandestinas que operen (con fábricas informales) sin control impositivo o que directamente se dediquen al contrabando de productos asiáticos. Si eso ocurre, la evasión impositiva será mayor y las industrias tabacaleras formales se reducirán a su mínima expresión.

FUERTE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL