La crisis de Ueno Bank abrió una discusión que Paraguay necesi­taba tener: cómo se protegen los datos biométricos en el sistema financiero y quién responde cuando algo falla.

Era un debate para auditores, regu­ladores y abogados. Pero en las redes empezó a circular otra cosa, un relato que sacó el foco del banco y de sus responsables y lo puso en un blanco externo: el origen israelí de los siste­mas de validación que usa el sector.

Nos lo quisieron vender como una repentina preocupación por la priva­cidad de la gente. No lo es. Es el viejo prejuicio antisemita con ropa nueva, adaptado a la era de los algoritmos.

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Y el argumento ni siquiera se molesta en disimular: el peligro ya no estaría en cómo se diseñó el servidor ni en quién administra la base de datos, sino en la nacionalidad de quienes escri­bieron el código. Lo repitieron ciertos medios y activistas políticos, varios de ellos hablando a cámara con el ros­tro tapado.

Técnicamente, cualquier base centra­lizada de datos biométricos (rostro, huella o iris) trae un riesgo serio: si se filtra, no hay manera de cambiar una huella como se cambia una con­traseña. Eso es cierto y siempre lo fue. Sin embargo, en Paraguay nadie pare­cía preocupado.

Desde hace décadas, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacio­nal guarda las huellas de práctica­mente toda la población, y esos regis­tros hace rato que fueron escaneados y pasados a sistemas digitales cen­tralizados. Nadie montó una cruzada moral por eso. Nadie habló de vigi­lancia masiva. El escándalo apareció recién cuando el debate tocó a empre­sas de origen israelí.

Ahí está el doble estándar. Si la solu­ción de reconocimiento facial viene de Estados Unidos, de Europa o de Asia, la discusión se queda donde debe: en la norma, en el contrato, en el costo. Si viene de Israel, un país con una indus­tria de ciberseguridad y defensa de pri­mer nivel, aparecen de golpe los fan­tasmas de siempre: el “control global”, el espionaje oculto, la conspiración financiera. Un contrato de software pasa a ser una amenaza a la sobera­nía nacional.

Cuando un banco entra en problemas, o cuando la política se desgasta, buscar un culpable afuera sale barato. Sirve para repartir la atención y dejar a los respon­sables locales en segundo plano.

Atar a la tecnología privada a teorías sin sustento técnico no solo envenena la con­versación sobre cómo modernizar el sis­tema financiero. También normaliza un discurso que señala a las personas por su origen nacional y cultural, algo que ya sabemos adónde conduce cuando nadie lo frena a tiempo. Estos relatos fueron amplificados por portales vinculados a Rusia y a Irán, con un intento bastante torpe de enganchar el caso con las gue­rras que Israel libra en su región.

Entre las mentiras que circularon: que la empresa de seguridad biométrica con­tratada por Ueno Bank formaba parte de un acuerdo nacido con el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén, y que esa misma empresa sería responsable de la muerte de un millón de personas en Gaza. Ni la relación ni la cifra tienen sustento alguno.

La seguridad informática se audita con protocolos de cifrado, estándares inter­nacionales y leyes claras, no con consig­nas. Decir que el riesgo de un sistema biométrico depende de la bandera de sus ingenieros no protege la privacidad de nadie. Lo único que confirma es que el antisemitismo siempre encuentra un ropaje nuevo, esta vez tecnológico, para justificar la misma sospecha y la misma exclusión de siempre.

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