- Por Aníbal Saucedo Rodas
La caída del joven Santiago Peña de la Presidencia de la República –su destitución es inminente por la vía constitucional del juicio político– no exige una explicación muy minuciosa. Las causas son muy sencillas: nunca pudo, o no quiso, desentrañar el concepto del poder real, mantuvo tercamente a ministros que no daban la talla y menospreció a un antiguo aliado que no necesita de la política ni de los medios de comunicación para demostrar su fuerza. Su relación incestuosa con un banco de plaza que estalló en un escándalo que afecta a miles de familias fue el detonante demoledor que lo convierte en el tercer jefe de Estado que no concluye su mandato desde el inicio de la transición democrática paraguaya.
Lo que este hecho corrobora es que, sin importar el origen de una crisis, su vínculo con la política es indisoluble. Puede ser provocada deliberadamente desde el poder, como factor de distracción, o generada a partir de la incompetencia, la debilidad institucional o, directamente, por la anuencia tácita o explícita de personas que poseen representación de autoridad. La ausencia de límites rigurosos que impidan sortear alegremente las vallas legales nos retorna a la clásica pregunta del poeta latino Juvenal: ¿Quién vigila al vigilante? Cuando las tres funciones del Estado resultan insuficientes para el control recíproco, queda como última alternativa una ciudadanía constituida en tribunal popular. Entonces, como diría Roa, se instala el foro de la calle, como el Ágora griego, donde la democracia adquiere su verdadero sentido y dimensión.
Hay que lamentar, sin embargo, que todavía carecemos de una sociedad organizada para levantar barreras infranqueables a la corrupción, el abuso de autoridad o el manejo discrecional de la administración pública. Solamente se moviliza por razones muy puntuales. Aún no se percibe una expresión identitaria para ejercer sus derechos de manera sistemática, firme y coherente. Es por ello que la impunidad alimenta la repetición de malversaciones, estafas, fraudes, concusiones, cohechos y tráfico de influencias, mediante un sólido entramado de colusión de algunos sectores públicos y privados. Y, también, alimenta el discurso de quienes fueron demostradamente corruptos en el ejercicio del poder, con fortunas que no pueden ser justificadas mediante el simple cotejo de sus ingresos, y que hoy, mediante esos crímenes sin punición, proclaman, con un cinismo desvergonzado, una honestidad que nunca tuvieron.
Seguimos constituyéndonos en una democracia procedimental, no sustantiva, donde la igualdad sea real y la justicia social un hecho verificable. Donde los derechos civiles, sociales, políticos y económicos sean respetados y la participación ciudadana se manifieste activa y permanente, sin que se restrinja al simple ritual del voto periódico. Aunque es el Partido Nacional Republicano el que estuvo en el poder en las últimas décadas, prácticamente de manera exclusiva, su Declaración de Principios, ochenta años después, no ha logrado consolidarse en la realidad, principalmente su punto 4, donde considera que “la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”. Y no podemos obviar el artículo precedente, el 3, por su quemante actualidad: “El Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticias a particulares”.
Estamos lejos de una democracia ciudadana porque somos producto de un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad, que no ha cultivado la solidaridad, la justicia, la rectitud y la integridad como valores imprescindibles para la vida en comunidad. Tampoco tenemos una escuela orientada a la participación política seria, responsable y consecuente. Por eso su actuación, insistimos, se reduce a las movilizaciones sectoriales, motivo por el cual su presencia no es efectiva ni incide radicalmente en los sistemas de control y fiscalización. Y tampoco ha construido una red sostenida de información que promueva el acceso al conocimiento general y el debate fundado en argumentos.
La democracia ciudadana implica una ciudadanía democrática. Que se mueve dentro de las reglas de este sistema de gobierno. No implica en absoluto el caos y la violencia. Es la única y última salida para advertir y, de ser posible, evitar las crisis, como la financiera que hoy nos golpea arteramente. Es la respuesta más acertada a la inquietante pregunta de quién vigila al vigilante. Peor sería que llegáramos a responder, con el viejo Lope: “Fuenteovejuna, señor”.